El Congreso debe mejorar la reforma laboral

Hablar de reforma laboral suele generar recelos y temores a una buena parte de la población, sin embargo cuando constatamos que llevamos cuatro años destruyendo empleos, 5,3 millones de parados, la mitad de los jóvenes menores de 25 años sin trabajo y que ello no ocurre en ningún otro Estado de Europa, a pesar de padecer la misma crisis, el ciudadano llega a la conclusión de que una reforma laboral es necesaria para que se pueda volver a crear empleo. El Real Decreto-Ley 3/2012, es, seguramente, la modificación más amplia y profunda de las relaciones laborales que se ha producido en España desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores en 1980, aunque, esta reforma, no deja de ser continuista respecto a otras promovidas por el PSOE. La gravedad de la crisis y su masiva afectación al empleo, así como la necesidad de promover reformas estructurales orientadas a facilitar el crecimiento, a medio y largo plazo, explican su alcance. Pero no solo eso, existen problemas estructurales que se arrastran, desde hace décadas, en el funcionamiento de la economía. El diagnóstico de los males del sistema de relaciones laborales existente es compartido por sectores muy diversos de la sociedad, incluido los sindicatos: niveles de desempleo excesivamente altos en las fases alcistas del ciclo, incapacidad para ajustar horas y salario como alternativa al despido, costes excesivos del despido (especialmente para microempresas y PYMES), estancamiento de la productividad del tejido empresarial, falta de inversión en la formación, políticas activas de empleo de escasa calidad, dificultades para la conciliación de la vida familiar y laboral, precariedad en el trabajo, desvinculación de hecho de las prestaciones por desempleo de la formación o recolocación de los desempleados. Toda esta patología constituía, incluso antes de la crisis, un panorama que dibujaba una economía escasamente competitiva en un mundo globalizado que tampoco era capaz de garantizar un Estado del Bienestar dinámico y sólido. Es evidente que todo no depende, exclusivamente, de la configuración legal de las relaciones laborales, pero las mismas pueden ser motor de cambio y mejora, o, por el contrario, de freno o elemento disuasorio para la mejora de la competividad y la productividad. Nuestros socios europeos que mejor han hecho las cosas (Holanda, Dinamarca o Finlandia) así lo han entendido, garantizando su prosperidad y sus altos niveles de protección social, promoviendo cambios profundos en sus regulaciones laborales: contratos de trabajo más flexibles, menor coste del despido o fórmulas para el mantenimiento del empleo como alternativa al despido.

Desde este punto de vista, CiU ha compartido la orientación global de la reforma, como hemos compartido con el PSOE buena parte de las reformas laborales que, sustentadas en ideas similares, impulsó en la pasada legislatura.

 Ahora bien, la reforma que estamos tramitando en el Congreso debe ser, necesariamente, corregida en algunos aspectos, mejorada en otros y complementada a través de otros instrumentos.

Necesitamos un Plan de Choque para el empleo que estimule la demanda

Corregida en todos los aspectos que generan dudas sobre su encaje constitucional. No podemos permitirnos la frivolidad que, en una cuestión tan trascendente para empresas y trabajadores y fundamental para la credibilidad económica, exista la mera posibilidad de una declaración de inconstitucionalidad. Todo aquello que afecta a las competencias de las CCAA en materia de empleo, al pleno respeto a la autonomía de la negociación colectiva y a la tutela judicial efectiva debe ser escrupulosamente analizado y corregido, si es el caso. El reciente dictamen del Consell de Garanties Estatutàries apunta a cuestiones claves.

 Se debe facilitar las soluciones negociadas ante los conflictos existentes en el seno de las empresas, así como, otorgar mayor y mejor seguridad jurídica y certidumbre legal y evitar los abusos que se pueden derivar de una norma no suficientemente acertada.

 Además, se ha de complementar con más medidas orientadas a crear empleo a corto plazo. Únicamente, el contrato para las empresas de menos de 50 trabajadores y los incentivos a la contratación de jóvenes poco cualificados, a través del contrato de formación, constituyen medidas que buscan la creación de empleo inmediato. Necesitamos un Plan de Choque para el empleo para estimular la demanda o mejorar la oferta de determinados servicios y sectores que pueden ser intensivos en empleo. No podemos resignarnos ante la destrucción de más de 600.000 empleos este año, como tampoco podemos aceptar el brutal recorte de más de 1.500 millones que los presupuestos proponen para las políticas de empleo que deben facilitar la recolocación de los desempleados. Nadie puede comprender que esta sea la principal política de ahorro del Gobierno del PP. Es incomprensible renunciar a mantener una sólida y robusta política que estimule el reciclaje profesional de los parados de la construcción, que permita el desarrollo de la colaboración público privada en materia de recolocación o la puesta en marcha de innovadoras actuaciones de acompañamiento a los desempleados. El planteamiento del Gobierno debilita enormemente la pata de la “seguridad” de una reforma que afirma inspirarse en la “flexiseguridad”.

 Esperemos que el trámite parlamentario en marcha sea útil de verdad.

Carles Campuzano es portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Catalán (CiU) en el Congreso de los Diputados.