Que se haga pronto

La reforma financiera aprobada por el Gobierno está resultando hasta ahora ineficaz y frustrante. Ineficaz, porque los mercados financieros siguen desconfiando de la solvencia de los activos bancarios españoles, y así lo demuestran tanto la preocupante depreciación bancaria en las Bolsas, como la tensión en el diferencial de deuda, atribuible en buena parte a la percepción de que las entidades españolas sobrevaloran sus activos inmobiliarios y las continuas rebajas en la calificación de los bancos que aplican las agencias internacionales. Frustrante, porque el esfuerzo de consolidación de los balances parece interminable. Después de que el Gobierno exigiera a la banca 55.000 millones adicionales para acelerar el saneamiento inmobiliario, varios análisis calculan que hacen falta unos 60.000 millones o más para consolidar las cuentas. Sin contar con que la incógnita de Bankia sigue sin despejarse.

Son varias las causas del fracaso de la estrategia de parcheo con exigencias crecientes de provisiones. Los inversores entienden que el valor de la cartera inmobiliaria de los bancos está muy por debajo de lo que estos sostienen; cualquier valoración superior se considera una sobrevaloración o un encubrimiento de pérdidas ocultas. Además, se da la circunstancia de que el valor de dicha cartera se deprecia rápidamente a medida que se intensifica la recesión y crece la tasa de morosidad. Es decir, el esfuerzo de saneamiento para el mismo volumen de activos del ladrillo aumenta con el paso del tiempo. La exigencia de provisiones cerradas es inútil para corregir la parálisis.

El Fondo Monetario Internacional, consciente de la importancia de la consolidación bancaria española para acabar con los bancos zombies y reactivar la economía, ha propuesto que dicha consolidación se haga con dinero público y no descarta la creación de sociedades de liquidación que se hagan cargo de los activos inmobiliarios de la banca. La declaración del FMI parece una maniobra calculada para avalar la entrada de dinero público en las entidades españolas. Porque el Fondo de Garantía de Depósitos no dispone de recursos para afrontar el coste de una crisis sistémica y porque exigir provisiones crecientes limita la capacidad para conceder préstamos.

La opción de segregar los activos inmobiliarios en sociedades de liquidación (el banco malo, pero sin ficha bancaria), sondeada por el Ministerio de Economía, es respetable, pero exige mucha claridad en su ejecución. Lo más importante es determinar cuál es el precio del traspaso de los activos desde la entidad financiera a dicha sociedad. Ese precio marcará las posibilidades de éxito de la segregación. La clave estaría en encontrar la financiación para dichas sociedades. Si es pública, el precio del activo migrado debería aproximarse a cero. La segunda condición es minimizar la participación bancaria en ellas, para evitar los efectos de la consolidación sobre los balances. Como suele ser habitual, lo que el Gobierno deba hacer, mejor que lo haga pronto.