Oportunidades perdidas

El debate sobre los Presupuestos para 2012 es la mejor evidencia de que el Gobierno, a pesar de su mayoría parlamentaria, se encuentra en un momento políticamente delicado a causa de los errores encadenados desde su primer Consejo de Ministros, a finales de diciembre. El Presupuesto que ha presentado en el Congreso ha merecido el rechazo prácticamente unánime de todos los grupos políticos que, si bien no son mayoría, constituyen poderes reales en varios ámbitos autonómicos. Uno de los escasos argumentos políticos que pueden restaurar la confianza en la deuda española es el apoyo de la oposición, en especial del PSOE, de CiU y del PNV, a unos presupuestos obsesivamente restrictivos. Pues bien, ese apoyo, necesario para que los mercados confíen en la disciplina fiscal autonómica, hoy es improbable. La política unilateral de recortes se ha ganado la hostilidad de todas las fuerzas políticas.

Y, por más que se empeñe el equipo económico del Ejecutivo, este rechazo no se debe a falta de responsabilidad de la oposición o a la labor obstruccionista del PSOE o a cualquier otra modalidad extravagante de teoría conspiratoria. Las razones hay que buscarlas en la torpeza política del Gobierno y en la cadena de errores, antes mencionada, que han convertido el Presupuesto en un documento inviable como expresión de austeridad e inasumible como ejercicio de política económica. Porque torpeza es que el ministro Montoro acuse de todos los males del déficit a las comunidades autónomas cuando busca el apoyo de CiU. Porque tan cierta es la responsabilidad autonómica en el aumento de la deuda y el déficit como la de la dirección del PP en los desastres financieros de la Comunidad Valenciana o Murcia.

Torpeza es también que los únicos recursos argumentales que sostienen los recortes sean "la herencia recibida" y la obligación inapelable de cumplir el objetivo de déficit. El ministro (y el resto del equipo económico) debería estar enterado de que hay varias opciones para reducir el déficit y no todas ellas exigen recortes abrumadores en inversión, educación y sanidad. Tampoco es precisamente una demostración de habilidad presentar a la opinión pública unas cuentas tan notoriamente perjudiciales para el crecimiento y el empleo sin explicar la racionalidad de una sola de las decisiones de ajuste. Se ha ido simplemente a un recorte indiscriminado, al bulto, sin análisis de sus efectos u oportunidad.

El Gobierno cosecha ahora, en forma de falta de credibilidad interior y exterior, errores como la decisión de aplazar la aprobación del Presupuesto hasta después de las elecciones andaluzas. Esta equivocación fundacional ha condicionado las decisiones de ajuste, ahorro o inversión de las comunidades autónomas, ha paralizado la ya de por sí escasa actividad de los ministerios y disminuye los posibles efectos beneficiosos de los ajustes. Un Gobierno que presume de seriedad no debe presentarse ante los ciudadanos con algo tan poco serio como unos Presupuestos Generales para ocho meses (y aun menos, porque probablemente habrá que recurrir a nuevos recortes antes de octubre) y un consenso parlamentario que brilla por su ausencia.

El Gobierno ha perdido lastimosamente varias oportunidades decisivas. Era el momento de demostrar que una política de recortes permitía reconstruir el Estado con una estructura del gasto público más eficiente; pero la ciega obligación de cumplir con el objetivo de déficit se ha llevado por delante esa opción. También era el momento de demostrar que se podía articular un pacto básico sobre el déficit, con la aquiescencia de la oposición y las autonomías. El "tacto" de Montoro y la irritante insistencia en las "herencias" de Zapatero lo han hecho imposible. Entenderán Guindos y Montoro que estos no son los resultados adecuados para ganarse la confianza de los mercados que tanto les preocupa.