Privatización de bajo perfil

Soy uno de los 9,4 millones de españoles que, año tras año, marcamos en la declaración de la renta la casilla “para fines sociales”.

En 2011, se repartieron 266 millones de euros entre grandes ONG muy significadas, para que presten con ese dinero y el que reciben de otros donantes o financiadores, no siempre altruistas, servicios públicos a los que no llega el Estado ni las otras Administraciones.

Tal volumen de actividad económica exige tener establecido, por parte de las ONG, un aparato de representación y administrativo tanto o más complejo que el aparato estatal que reparte los fondos y controla los gastos; que no las actividades efectivamente realizadas. La carga burocrática se duplica, pero, como en todos los procesos de privatización de lo público, todo el mundo parece salir ganando, yo no lo entiendo.

En España, alrededor del 57% de las empresas con más de 500 empleados tiene programas de voluntariado. Alivian la miseria pero no pretenden eliminarla, porque la pobreza siempre ha sido pedagógica.

Se trata de que las actividades de intervención social se canalicen hacia objetivos adecuados, sin cuestionar el sistema de reparto de riqueza establecido. Entre el 28 y 30 de marzo, en plena huelga general para defender el Estado social que prometía la Constitución española, auspiciada por la embajada de EE UU, se celebró en Madrid la Cumbre de Innovación en el Voluntariado: no se trata solo de donar sino de adquirir la categoría de actor social significado.— Luis Fernando Crespo Zorita.