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EL ACENTO

¿Inversión a cualquier precio?

Para atraer al megaproyecto de Eurovegas, sea en Madrid o en Cataluña, no se pueden saltar las leyes vigentes

Que los Gobiernos autónomos de Cataluña y Madrid hayan desplazado a Las Vegas (EE UU) a sus consejeros para venderse al magnate de los casinos Sheldon Adelson indica cómo han cambiado las cosas al socaire de la crisis. Ya no son los promotores de un megaproyecto como el de EuroVegas los que van a recabar el permiso de las autoridades locales, sino que son estas las que vana la sede de la firma a competir en una especie de subasta inversa en la que el promotor tiene mucho que ganar y los políticos mucho que ceder.

Las delegaciones de las autonomías de Madrid y de Cataluña han ido allí a negociar las condiciones que el magnate ha puesto para levantar el mayor conglomerado de juego de Europa: una gran avenida con 10 o 12 grandes rascacielos, en los que se ubicarán 12 resorts de 36.000 habitaciones en total y 6 grandes casinos con 1.065 mesas de apuestas y 18.000 máquinas tragaperras y recreativas repartidas por todo el recinto. Un gran conglomerado centrado en el juego y todo lo que lo acompaña, que sobre el proyecto son congresos y convenciones, pero que en la realidad suele ser también turismo de borrachera, prostitución y mafia.

Entre los factores que decidirán la ubicación entre Madrid o Barcelona está, además de facilitar suelo en cantidad suficiente y libre de problemas, la disposición de las autoridades a ceder ante unas exigencias que en circunstancias normales serían inaceptables: olvidarse de ciertas normas  urbanísticas y laborales, como el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Extranjería; de ciertos aspectos de la legislación sobre blanqueo de capitales; exención total o casi total durante dos años de todo tipo de impuestos, y 10 años más de ventajas fiscales; que se permita entrar en los casinos a los menores y a los ludópatas declarados, y dejar sin efecto leyes básicas de salud pública, como la que prohíbe fumar en lugares públicos. Y hasta un crédito avalado por el Estado. Todo ello a cambio de una promesa de inversión de 18.800 millones de euros.

El mero enunciado de exigencias produce sonrojo, y sin embargo, ahí están los políticos, negociando. La crisis no puede ser la excusa que todo lo ampare. La ley ha de exigirse a todos por igual y la mera negociación de excepciones supone ya un mal precedente.

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