Ejecutados en Europa

Los dos condenados por los atentados en el metro de Minsk en mayo del año pasado han sido fusilados. De poco habrá servido que la Unión Europea pidiera a Alexandr Lukashenko que les conmutara la pena. Bielorrusia, bajo la férrea mano del mismo presidente desde 1994, es el único país europeo que no ha abolido la pena de muerte o, al menos, declarado una moratoria indefinida sobre su aplicación. El crimen por el que han sido condenados Vladislav Kaslov y Dimitri Konoválov es, sin duda, terrible, con una explosión en la estación de Octubre en la capital que mató a 15 personas e hirió a dos centenares. El juicio se celebró sin las debidas garantías de defensa para los acusados.

Hace tiempo que Europa dejó atrás la pena de muerte. El Consejo de Europa, a través de dos protocolos al Convenio Europeo de Derechos Humanos, ha hecho del Viejo Continente una zona libre de pena de muerte, de la que Bielorrusia es la única excepción. Lukashenko convocó en 1996 un referéndum sin suficientes garantías democráticas en el que más de un 80% de los bielorrusos se declararon a favor de su continuidad. Dadas las carencias democráticas y el mantenimiento de la pena capital, Bielorrusia nunca ha sido admitida en el Consejo de Europa, que cuenta con 47 Estados en cuyo seno no ha vuelto a haber ninguna ejecución desde 1996.

La alta representante de la UE, Catherine Ashton, solicitó al presidente bielorruso que suspendiera esas ejecuciones y se uniera de inmediato a una moratoria global, impulsada no solo desde Europa, como "primer paso a su abolición universal". El Parlamento Europeo también exigió, además, que pusiera en libertad a los presos políticos, incluidos los candidatos a las elecciones presidenciales de 2010 que siguen en la cárcel.

La pena de muerte está en retroceso en el mundo, con algunas excepciones bochornosas, como Estados Unidos (pese a que un creciente número de Estados federados la han abolido), China, India y Japón, entre otros. El avance de un concepto más amplio de derechos humanos requiere la abolición de este castigo cruel que niega la dignidad humana que hay que respetar incluso ante los mayores criminales. Pero Lukashenko no parece haberse dado por enterado. El régimen de Bielorrusia es una vergüenza y un peligro para el conjunto de Europa, del que la UE debiera ocuparse con mayor contundencia.