Preservar la equidad

Las elecciones andaluzas están actuando como un dique de contención para, entre muchas otras cosas, un debate que avanza de forma soterrada: la posibilidad de introducir formas de copago en determinados servicios públicos, comenzando por los sanitarios, para obtener ingresos adicionales con los que financiarlos. Mientras la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría echaba ayer balones fuera evitando pronunciarse, el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que fue gestor del antiguo Insalud, abogaba por introducir un copago general en los medicamentos en función de la renta. Otros dan por hecho que la fórmula de cobrar un euro por receta aprobada en Cataluña debe extenderse a toda España.

El debate tiene una gran trascendencia política. Garantizar la sostenibilidad financiera del sistema sanitario público es, sin duda, el problema político más importante y más complejo que debe afrontar este país. Permitir que se degrade por falta de inversión sería la peor de las políticas y pondría en riesgo la viabilidad del que es el principal instrumento de equidad y de redistribución de la riqueza. De hecho, eso ya está ocurriendo: el gasto medio por habitante y año ha descendido y ahora no solo seguimos por debajo de la media de la eurozona sino que ha aumentado la diferencia con el gasto medio de los países de la OCDE. Evitar la descapitalización del sistema sanitario público es pues un imperativo que debemos afrontar con urgencia.

Otra cosa es la forma de hacerlo. El copago es una de las posibles medidas, y no hay que tener miedo a ese debate. También hay otras, en el ámbito de la racionalización del gasto, que no deben eludirse. Como con los medicamentos, el copago puede ser beneficioso para recaudar y para evitar el consumo innecesario. Pero puede tener efectos adversos. Depende de la dosis y de la forma de administrarlo.

Es evidente, por ejemplo, que introducir un copago en función del nivel de renta es más equitativo que un copago lineal por receta, especialmente si la cuantía es suficientemente elevada como para que tenga efectos recaudatorios relevantes. Y ambos son más equitativos que el copago que ya tenemos, pues en este momento un enfermo en situación laboral activa paga el 40% del coste del medicamento tanto si es un parado como si es un ejecutivo bancario altamente remunerado. Y también paga ese porcentaje un joven mileurista, mientras que un jubilado con pensión máxima e importantes rentas de capital no paga nada. Pero un copago en función de la renta podría ser también injusto, puesto que la declaración de la renta no refleja en España la situación real de riqueza dada la elevada tasa de economía sumergida que tenemos. Un problema, como se ve, complejo.

Cualquier medida que se considere para incrementar los ingresos, y es necesario estudiar varias, debe demostrar muy claramente su utilidad y que no afectará al núcleo del actual modelo sanitario: su carácter público, universal y equitativo.