Un drástico ajuste de rentas

Solo los muy neoliberales o los nostálgicos de Milton Friedman podrán decir que el Gobierno se ha quedado corto en la reforma laboral. Con más empuje que reflexión, el equipo económico de Mariano Rajoy ha generado un cambio de mucho alcance en las relaciones laborales. Ese cambio va desde un abaratamiento del despido hasta el práctico desmantelamiento de los controles legales a los expedientes de regulación de empleo (ERE), desmantelamiento que permitirá una libertad de despido desconocida hasta ahora, a cambio de 20 días de indemnización. Dicho de otro modo, sin entrar en valoraciones sobre la pertinencia o ecuanimidad de la reforma, el hecho fundamental es que deposita casi toda (por no decir toda) la responsabilidad de los ajustes de empleo en las propias empresas, que los derechos que mantiene son ex post facto y que, en términos estrictamente políticos, cumple con la petición implícita de las autoridades europeas de promover un cambio laboral en España que permita un ajuste de rentas coherente con la pérdida de riqueza española y europea que ha causado la crisis. Este mensaje de afirmación de las exigencias comunitarias, junto con el abaratamiento del despido, son los aspectos más notables de esta reforma laboral.

Esta reforma tiene un gran riesgo, que ya empiezan a reconocer incluso alguno de sus autores. A corto plazo seguramente inducirá un crecimiento intenso del desempleo, hasta la frontera de los seis millones de parados. En una fase de depresión económica, las empresas difícilmente dejarán de ajustar sus costes por la vía del despido con un coste de 20 días por año trabajado. Por otra parte, un segundo riesgo de cierta envergadura es que los trabajadores y los sindicatos acaben reclamando en los tribunales las defensas que la reforma recorta. La judicialización nunca ha sido una buena solución, tomada como norma, para los conflictos laborales. Es muy discutible, además, la solución adoptada para limitar la dualidad en el mercado de trabajo. Incluso para las versiones más proempresariales de lo que debe ser un mercado laboral, resulta excesiva la distancia entre los costes de despido de los contratos fijos y los temporales, aunque esta reflexión no debería dar pie a una igualación por el coste inferior. Y, desde luego, las bonificaciones al empleo serían más eficaces si se aplicaran al contrato a tiempo parcial, en lugar de al nuevo contrato a tiempo completo.

Queda, con todo, un aspecto de la reforma que merecía mayor precisión. El texto (mal explicado por la ministra del ramo, por cierto) confía la flexibilidad de los convenios a la decisión de cada empresa sobre su adscripción o no a convenios provinciales. Pero la eficacia de esta decisión depende exactamente de que empresarios y trabajadores sean capaces de instaurar en cada empresa una cultura y unas pautas de negociación. Y no parece arriesgado asegurar que eso no será posible en muchas de ellas. En este punto en concreto, la eficacia se apreciará sobre la marcha y dependerá en gran medida de la voluntad de negociación.

Hasta ahora, las tres decisiones más destacadas (ajuste presupuestario, reforma laboral y financiera) de este Gobierno no tienen por objetivo principal incentivar el empleo. Por el contrario, pueden coadyuvar a destruirlo. Habrá que esperar a la cuarta decisión.