Uruguay sí avanza hacia una ley de plazos para el aborto

Por ALEJANDRO REBOSSIO

Mientras el nuevo Gobierno español del PP anuncia una reforma de la ley de plazos de 2010, algunos países de Latinoamérica están avanzando hacia legislaciones que consagran el aborto como derecho. Uruguay ha dado un paso en ese sentido para convertirse en el segundo país en permitir el aborto libre en las primeras 12 semanas de embarazo, pero aún falta que dé otro más para que el proyecto se convierta en ley. El Senado uruguayo aprobó el pasado 27 de diciembre por 17 votos contra 15 la iniciativa que impulsa el Gobierno de José Mujica, del progresista Frente Amplio. Sin embargo, todavía prevalecen las dudas de si este país sudamericano se unirá a Cuba en la despenalización del aborto, política que también han adoptado la ciudad de México y Puerto Rico (estado asociado de EE UU) como excepciones en la región. Sucede que cuatro de los 50 diputados del Frente Amplio han manifestado sus reparos a apoyar el proyecto en la discusión que se desatará en marzo próximo, y ese puñado de votos resultará imprescindible para la sanción definitiva.

Uruguay se adelantó en Latinoamérica a separar a la Iglesia católica del Estado en 1919. Es uno de los países de la región más laicos: solo la mitad de los ciudadanos se declara católico, un 14% es ateo; un 11%, protestante y muchos otros creen en Dios pero no profesan ninguna religión específica.

En ese contexto, desde que la democracia volvió a Uruguay, en 1985, el Parlamento ha debatido siete veces la despenalización del aborto. En otros países latinoamericanos este asunto muchas veces no llega a discutirse en los congresos. En las seis primeras ocasiones fracasó el proyecto en Uruguay. Ésta es la séptima. La ley actual castiga la interrupción del embarazo con entre tres meses y dos años de cárcel, aunque los jueces pueden reducir o eliminar la pena si la mujer comprueba que abortó para proteger su honor, porque fue violada, si corre riesgo de vida o padece angustias económicas. En la práctica, ninguna mujer termina yendo a prisión, pero las de clases alta y media abortan en sitios clandestinos pero seguros y las pobres, no, como sucede en la mayoría de los países latinoamericanos."La ley vigente es ineficaz, discriminatoria e injusta porque algunas pueden llevar adelante sus decisiones y otras no", opinó la senadora uruguaya Mónica Xavier, del Frente Amplio. La encargada de género del Ministerio de Salud Pública de Uruguay, Cristina Grela, aclaró que en su país las mujeres han dejado de morir como consecuencia de los abortos ilegales porque una ley de salud sexual y reproductiva de 2008 habilitó su atención previa y posterior.

Aquella ley también incluía dos artículos que despenalizaban el aborto. Había sido sancionada por ambas cámaras del Parlamento, dominadas por el Frente Amplio, pero el entonces presidente de Uruguay, el médico Tabaré Vázquez (2005-2010), del mismo partido, acabó vetando los artículos referidos a la interrupción del embarazo. Vázquez alegó motivos éticos y científicos. Su posición irritó a sus correligionarios, que al año siguiente incluyeron el aborto en la plataforma electoral. En 2010, Mujica asumió la presidencia uruguaya y hace unas semanas, después de la aprobación del proyecto en el Senado, dijo al periódico La República que él no vetará la norma. Recordó que en 2008 la había apoyado cuando era legislador. “El aborto no lo quiere nadie, ni siquiera quienes lo practican”, declaró Mujica. “El problema es cuál es, ante los hechos, el mejor camino para salvar la mayor cantidad de vidas posible.Cuando las mujeres llegan a esa amarga decisión, hay que trabajar con ellas y apoyarlas; si se hace, en muchos casos se revierte la decisión porque no se sienten solas, porque se sienten respaldas y amparadas”, añadió el presidente.

La iniciativa no sólo permite el aborto libre en las primeras 12 semanas de gestación del feto sino que también lo autoriza sin plazos en los casos en que el embarazo ha sido fruto de una violación, si está en riesgo la salud de la mujer o si existen "malformaciones fetales graves, incompatibles con la vida extrauterina". La propuesta fue rechazada por todos los obispos católicos de Uruguay, que llegaron a amenazar con excomulgar a aquellos legisladores que la aprobaran. Políticos de todos los colores, incluso algunos que se oponen al aborto, rechazaron la presión eclesiástica. En la oposición de centroderecha, el Partido Colorado (más liberal) ordenó votar en contra y logró domar así a un senador que estaba dispuesto a apoyar el aborto y en el Partido Blanco (más conservador) solo un legislador aprobó la norma.

En la Cámara de Diputados, cuatro integrantes del Frente Amplio ponen en duda la aprobación de la norma. Uno de ellos, Andrés Lima, se manifiesta “a favor de la vida”. Otro, Víctor Semproni, apoya la despenalización, pero se opone a la legalización del aborto, es decir, a que los hospitales públicos atiendan a las mujeres interesadas en interrumpir sus embarazos. Las diputadas progresistas Ivonne Passada y Daniela Payssé aún no saben cómo votarán. Payssé comparte el criterio del expresidente Vázquez y propone que la cuestión se resuelva en un plebiscito. El grupo del Frente Amplio se reunirá en febrero, después de las vacaciones del verano austral, para convencer a estos cuatro diputados de que apoyen la iniciativa. Si al menos logra que dos de ellos la respalden, requerirá además del apoyo de los dos diputados del Partido Colorado que también están a favor. El escollo radica en que esta fuerza política, la del expresidente Julio María Sanguinetti, ha invocado la disciplina partidaria para obligar a los suyos a votar en contra.

FOTO: NICOLAS CELAYA (XINHUA)