La Generalitat defenderá la viabilidad de la urbanización Muntanyans II ante el Tribunal Supremo

El Gobierno catalán presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para defender la "no inundabilidad" del plan parcial Muntanyans II, de Torredembarra (Tarragona), que proyecta edificar 500 viviendas. El recurso es la respuesta a la sentencia que hizo pública el pasado 4 de julio el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

La sección tercera del TSJC declaró nulo el plan urbanístico por vulnerar la prohibición legal de urbanizar y edificar en zonas inundables. Sin embargo, la Generalitat considera que el Tribunal se ha "confundido" , y alega que no se han tenido en cuenta los escritos de contestación de la demanda realizada por la Plataforma Salvem els Muntanyans. Para el Gobierno catalán la Generalitat, la sentencia se basa en un informe anterior elaborado en 2004 por la Agencia Catalana del Agua (ACA). En el texto se detallaba de la existencia de calles riera en las que no podrían construirse, por ejemplo, aparcamientos.

El director de Servicios Territoriales de Territorio y Sostenibilidad en Tarragona, César Puig, afirma que el TSJC no tuvo en cuenta los informes posteriores y sostiene que después la ACA escribió otro texto en el que se dejaba clara la plena viabilidad del plan urbanístico, sin riesgo de inundaciones. Puig explica que así lo especifica también otro informe pericial. "A la Generalitat no le pareció bien el plan inicial redactado por el Ayuntamiento y lo reformó, se eliminaron las calles riera, dieron soluciones hidrológicas que no afectaban a las viviendas y se redujo el impacto medioambiental para no malmeter los bosques", dice el director de Servicios Territoriales.

El citado plan parcial fue aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo de Tarragona el 8 de junio de 2006 y, contra el mismo interpuso recurso un contencioso administrativo la Plataforma Salvem Els Muntanyans. Según Puig el nuevo plan pasó por reducir los metros edificables y el número de viviendas. "Estamos convencidos que es viable y de hecho en su momento las entidades ecologistas también lo ratificaron", expresa Puig.

Si el recurso de la Generalitat ante el Tribunal Supremo no prospera y se agota la vía judicial, la empresa promotora del proyecto, Vegas de Guadaira S. L, podría reclamar una indemnización que rondaría los 100 millones de euros. El TSJC debería decidir entonces quien se hace cargo de ella. Puig alerta que la carga económica seguramente debería pagarla el Ayuntamiento de Torredembarra, algo que representaría un duro golpe para las finanzas del municipio.