El fiscal pide dos años y nueve meses de cárcel para María José Campanario

El fiscal de la Audiencia de Cádiz ha rebajado hoy su petición de pena para María José Campanario y su madre, Remedios Torres, acusadas en la Operación Karlos por supuesto intento de fraude a la Seguridad Social. Este caso fue abierto tras detectar una red en Cádiz que, presuntamente, falsificaba pruebas para la obtención de pensiones de incapacidad. Así, la Fiscalía ha pedido dos años y nueve meses de prisión tanto para Campanario como para su madre, Remedios Torres. Dichas penas se les han impuesto por estafa y cooperación necesaria para delitos de falsificación.

El fiscal, que en sus conclusiones provisionales pedía cuatro años y medio de prisión para la esposa del torero Jesulín de Ubrique, ha reducido parcialmente la petición de condena que realizaba, tanto para ella como para el resto de los 24 acusados en su escrito de conclusiones provisionales. La justificación es que el ministerio público no ha tipificado como delito la supuesta suplantación detectada por la investigación policial y que consistía en que una persona enferma sustituía a la demandante de la pensión durante los exámenes médicos.

En el avance de sus conclusiones definitivas que ha leído hoy en el juicio, el fiscal pide cuatro años de cárcel para Carlos Carretero, supuesto cabecilla de la red, y nueve años para el inspector médico Francisco Casto. Para ambos pedía diez años de prisión en su escrito de conclusiones provisionales.

En el caso de Carretero, la fiscalía había pactado la condena a cambio de su testimonio sobre los hechos, que ha sido fundamental en el caso.

Para el resto de acusados, con los que también había un acuerdo, el fiscal ha fijado penas inferiores a los dos años, con lo que podrán así evitar su ingreso en prisión. Este mismo pacto fue rechazado por María José Campanario, quien alegó que fue engañada y que quería demostrar su inocencia durante el proceso.

Con el inicio de la lectura de sus conclusiones definitivas, el juicio por la Operación Karlos, que se inició el pasado 21 de abril, ha entrado en su recta final.

El juicio comenzó con una petición de todas las defensas para anular el juicio por considerar ilegales las escuchas que dieron lugar al caso. Esta reclamación fue desestimada.

Tanto el abogado de Casto, Felipe Meléndez, como el de Campanario y Remedios Torres, Francisco Baena Bocanegra, han adelantado hoy en la vista oral que seguirán reclamando la nulidad de las conversaciones telefónicas intervenidas a los acusados durante las investigaciones de la trama, un hecho que ya plantearon en la instrucción y al comienzo del juicio y que ha sido rechazado varias veces por el tribunal, que las ha aceptado como prueba.

Felipe Meléndez ha denunciado también los acuerdos alcanzados entre el fiscal y 16 acusados que han aceptado con "promesas de penas menores" hacer "una declaración inculpatoria" que, en su opinión, ha dañado las posibilidades de defensa de los imputados que no han pactado con el fiscal, ya que en sus declaraciones han relatado "hechos nuevos", negándose al tiempo a contestar a las preguntas de los abogados defensores.

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