El tribunal acepta las escuchas de la Operación Karlos

El tribunal que juzga la operación 'Karlos', una trama supuestamente dedicada a la compraventa de certificados médicos falsos para obtener permisos de invalidez fraudulentos, ha rechazado las peticiones de nulidad de las escuchas telefónicas realizadas por los abogados de las defensas y sigue adelante con estas pruebas en el juicio. Según ha explicado el presidente de sala, Manuel Grosso, esta solicitud ya fue abordada previamente durante la instrucción en la Audiencia Provincial de Cádiz, por lo que el tribunal da por buena la postura mantenida hasta ahora. La vista prosigue ahora con las conformidades de penas. Se da por hecho que la mayoría de la veintena de acusados llegarán a acuerdos con la Fiscalía para reducir sus condenas, a cambio de aceptar su culpabilidad e incriminar a otros acusados.

Las escuchas son consideradas pruebas fundamentales porque esas conversaciones telefónicas, avaladas por el juzgado de instrucción número dos de Jerez, son la base de la acusación que ejercen la Fiscalía, la Seguridad Social y la Junta de Andalucía. El tribunal defiende como "impecable" la actuación de los agentes de Vigilancia Aduanera que grabaron esas escuchas mediante la monotorización de los teléfonos, algo que habían criticado los abogados de las defensas. También alaba el papel del juzgado jerezano, a pesar de que no había informado a la Fiscalía al momento sobre este caso, como habían alegado los letrados de los abogados. La sala considera que esta comunicación al Ministerio Público no era necesaria. "No se vulneró ningún derecho fundamental", sostuvo Grosso. Esos abogados habían acusado al juzgado y la Fiscalía de haber "buscado la verdad a cualquier precio".

Las defensas mostraron su protesta por esta decisión del tribunal para que constara en sala. Tras resolver estas cuestiones previas, ahora deben aclararse cuántos acusados han llegado a acuerdos con la Fiscalía para rebajar sus penas. Se da por hecho que una gran mayoría evitaría el juicio con estos acuerdos pero, a cambio, tendrán que declarar como testigos e incriminar a otros imputados. Ni María José Campanario, ni su madre, Remedios Torres, ni el inspector médico, Francisco Casto. El supuesto cabecilla, Carlos Carretero, parece interesado en este acuerdo. Su abogado ha reconocido que el pacto supondrá bajar su pena de 10 años a cuatro años y medio.