Las defensas del 'caso Karlos' piden la nulidad del juicio
Los abogados cuestionan la instrucción del fraude a la Seguridad Social
Desacreditar la instrucción de la Operación Karlos. Ese fue el objetivo ayer de los abogados defensores de varios de los principales acusados -en total hay 23- que pudieron tomar la palabra en la primera sesión de la vista por este caso, que pretende aclarar una supuesta trama dedicada a la compraventa de certificados médicos falsos para obtener pensiones fraudulentas por invalidez en la provincia de Cádiz.
El juicio, con alta repercusión mediática por la presencia de María José Campanario -la esposa del torero Jesulín de Ubrique- como una de las imputadas, debe aclarar en sus primeras jornadas si se aceptan las escuchas telefónicas, puestas en duda por los letrados de los acusados. Algunos reclamaron el sobreseimiento completo de la causa.
Las escuchas telefónicas son la principal prueba que tiene la fiscalía
Las escuchas telefónicas constituyen la principal prueba con la que cuentan la fiscalía, la Seguridad Social y la Junta de Andalucía para ejercer su acusación. La Guardia Civil pudo destapar esta trama gracias a otra investigación, la Operación Halcón, desarrollada por Vigilancia Aduanera contra un fraude de facturas falsas. Fue en el transcurso de unas conversaciones telefónicas cuando los agentes dependientes de la Agencia Tributaria descubrieron que algunos imputados también tenían pensiones de invalidez fraudulentas. La Guardia Civil se hizo cargo de las indagaciones sobre los nuevos delitos y el Juzgado número 2 de Jerez asumió la instrucción, que después trasladó al número 1 de Cádiz.
Felipe Meléndez, abogado del inspector médico Francisco Casto -para el que el fiscal pide 10 años-, acusado de haber validado los certificados, considera que la causa debe ser anulada. "Se incumplen todos los principios constitucionales que justificarían una escucha de este tipo", argumentó. "La verdad no se puede obtener a cualquier precio", sostuvo también el letrado de María José Campanario, Francisco Baena Bocanegra. El fiscal pide para Campanario y para su madre cuatro años y medio de cárcel.
Las defensas opinan que las intervenciones telefónicas son nulas y "vician" todo el proceso. No obstante, Baena asegura que Campanario le dijo: "Somos inocentes. Nos da igual. Sigue adelante. No podemos pactar. Yo no pacto mi dignidad". "Este caso debería llamarse Don Teléfono", añadió el letrado con sarcasmo.La sesión concluyó con la adhesión de todos los acusados a los letrados que habían intervenido para reclamar conjuntamente la nulidad del proceso. El juicio se retoma hoy con las argumentaciones de la fiscalía para defender la causa. También se espera la intervención de las acusaciones que ejercen la Tesorería General de la Seguridad Social y la Junta de Andalucía. El caso sigue adelante con 23 acusados. Ayer, el padre de Carlos Carretero, exjefe de la Policía Local de Ubrique y supuesto cabecilla de la trama junto a Castro, fue eliminado de la causa.
Juicio y condena callejera
La presunción de inocencia no entiende de bullicios. "Choriza, ladrona, devuelve lo que te has llevado". María José Campanario tuvo que escuchar todo tipo de improperios a su entrada en los juzgados. Estaba acompañada de su madre, Remedios Torres, también imputada, y de su marido, Jesulín de Ubrique. El torero permaneció sentado en las filas de atrás de la sala durante toda la sesión. A la salida, rodeó con sus brazos a su esposa y la introdujo en el coche, que llegó a ser zarandeado por un público que, ya al anochecer, era multitud. También fueron increpados algunos comentaristas del corazón.
El juicio por la Operación Karlos ha llevado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a montar un despliegue sin precedentes en la Audiencia de Cádiz para atender la demanda, sobre todo, de la prensa del corazón.
Algunos sindicatos de funcionarios y algunos partidos como Izquierda Unida criticaron esta inversión y reclamaron datos sobre su coste. Según explicaron ayer fuentes del alto tribunal andaluz, la medida trata de evitar altercados y responder a las necesidades de información sobre un asunto de trascendencia pública. El despliegue contó también con efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local de Cádiz.
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