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Análisis:

El Supremo no se fía... con tres votos discrepantes

La cuestión de fe que dirimieron los 16 magistrados que componen la Sala Especial del Tribunal Supremo, creer o no creer que Sortu ha roto con ETA, se resolvió en contra de los sucesores de Batasuna.

Como siempre ha ocurrido desde que se aprobó la Ley de Partidos Políticos (2002) y se ilegalizó a Batasuna, la Sala Especial del Supremo atendió las demandas de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado e invalidó la nueva marca electoral de la izquierda abertzale independentista.

Pero esta vez, la duda se paseó por la sala del debate jurídico e incluso se instaló un tiempo para competir con la certeza de que Sortu no es más que una artimaña de ETA para volver a las instituciones tras las elecciones del próximo 22 de mayo.

Hasta ahora, todos los sucesores de Batasuna habían sido ilegalizados en el Supremo por unanimidad. En esta ocasión, al menos tres de los 16 magistrados que componen la Sala Especial decidieron que es posible confiar en el rechazo a ETA que los fundadores de Sortu pusieron por escrito en los Estatutos registrados en el ministerio del Interior. Esa ruptura con la banda terrorista sería suficiente para legalizar a Sortu, según esos tres magistrados. El resto pensó lo contrario e impuso sus certezas de que la nueva formación política era un burdo instrumento al servicio de ETA.

Tras 43 años de terrorismo con 829 muertos a manos de etarras, es difícil que nadie se fíe de las intenciones de unos políticos, los que dirigieron Batasuna y ahora impulsan Sortu, que durante todo ese tiempo justificaron las actividades criminales de la banda y que ahora prometen por escrito rechazar esos métodos. Lo hacen a sólo unos meses de las elecciones, las del próximo 22 de mayo, que pueden desterrar definitivamente de los ayuntamientos a esta izquierda abertzale tan pegada a ETA durante tanto tiempo.

Los tres votos particulares abren el camino a un interesante debate en el Tribunal Constitucional, al que recurrirán los ahora ilegalizados. Aunque, probablemente, cuando los magistrados del Constitucional resuelvan el recurso la cita electoral ya habrá pasado.