Iñigo Iruin: el abogado sagaz
El exmiembro de HB ha sido el encargado de presentar los aspectos jurídico-políticos de los estatutos de la nueva formación de la izquierda 'abertzale'
Iñigo Iruin se ha distinguido por defender a miembros de ETA y a militantes abertzales acusados de colaborar con la banda terrorista. Al encargado de explicar en la presentación de la nueva formación de la izquierda abertzale el contenido jurídico-político de sus estatutos se le atribuye la autoría de los mismos. Iruin, destacado porque fue uno de los exponentes de la línea dura de ETA, abandonó en marzo de 2001 la política activa y en 2007 mostró su oposición a la estrategia de Batasuna en el proceso de paz, pese a que seguir defendiendo a militantes de esa formación y de ANV.
El abogado y político donostiarra, de 57 años, fue elegido senador de HB por Guipúzcoa en 1989 y fue miembro del Parlamento vasco entre 1984 y 2001. Iruin ha estado detrás de todos los procesos de paz entre ETA y el Gobierno. En las conversaciones de Argel (1989) actuó como asesor del jefe de ETA Eugenio Etxebeste, Antxon, y en 1998 participó en la génesis de los acuerdos de Lizarra. Fuentes parlamentarias vascas también le atribuyen la autoría intelectual de la propuesta de Anoeta (noviembre de 2004).
Con todo, su actividad en el entorno abertzale es más significativa en el ámbito jurídico que en el político. Un magistrado del Consejo General del Poder Judicial comentó en 2007 que Iruin era "muy solvente desde el punto de vista jurídico penal". El letrado (también licenciado en Ciencias Empresariales) consiguió el amparo del Tribunal Constitucional contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a siete años de prisión a cada uno de los miembros de la Mesa Nacional de HB en diciembre de 1997. Iruin es el responsable de llevar a la cárcel al exgeneral Enrique Rodríguez Galindo por el caso Lasa y Zabala y de conseguir la desclasificación de los papeles del CESID sobre los GAL.
Él mismo ejerció su propia defensa en 1992 en el proceso en el que se le acusaba de actuar como mediador de ETA en el cobro del denominado impuesto revolucionario, causa que fue archivada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. También se ha encargado de defender la legalidad de otras marcas de Batasuna (ANV y AS) ante el Constitucional.
En 2002, el abogado de la izquierda abertzale ya intentó sortear los "resquicios legales" que, según él, ofrecía la Ley de Partidos para poder presentar a Batasuna en las elecciones municipales. Entonces no lo consiguió.
