Sortu asegura que su legalización "acelerará" el fin de ETA

Sortu ha presentado hoy sus alegaciones a las demandas interpuestas por la Abogacía y la Fiscalía General del Estado ante el Tribunal Supremo para que prohíba su inscripción en el registro de partidos políticos al considerarla una continuación de la ilegalizada Batasuna.

Entre sus argumentos, la nueva marca de Batasuna considera que su legalización "acelerará" la desaparición de ETA ya que sus estatutos suponen "la estrangulación definitiva de cualquier espacio social y político" para quienes practican la violencia.

Un representante de Sortu ha acudido pasadas la una del mediodía a la sede del alto tribunal, donde ha registrado sus alegaciones, recogidas en un escrito de 245 folios, después de que el Supremo admitiera a trámite las demandas de la Fiscalía y de la Abogacía General del Estado y acordara dejar en suspenso los trámites para su inscripción en el registro de partidos. El documento ha sido redactado por los abogados Iñigo Iruin , que junto con Rufi Etxeberría fue uno de los encargados de presentar a Sortu , y Adolfo Araiz.

La Sala Especial del 61, la que tiene que decidir según la Ley de Partidos el futuro de Sortu, se había reunido con anterioridad para decidir, por un lado, acumular las demandas de abogacía y fiscalía. Además, ha nombrado ponente de la sentencia a Carlos Lesmas, magistrado de la Sala de los Contencioso Administrativo. Lesmas pertenece al turno de los magistrados más modernos, dada su reciente incorporación al Supremo.

Mientras, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha afirmado que, a juicio de la Abogacía del Estado y por tanto del Gobierno, existen elementos bastantes para acreditar, tal y como exige la ley, que Sortu es una secuela, una derivada y una sucesión de un partido que ha sido ilegalizado, Batasuna.

"Con arreglo a la ley, si esto se acredita y es así no puede ser inscrito" en el registro de partidos políticos, ha añadido en el Palacio de la Moncloa tras reunirse con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, y varios vocales del Poder Judicial.

Para el Gobierno, ha dicho, la nueva formación de la izquierda abertzale "es una derivada de Batasuna y en consecuencia no cumple los requisitos previstos en las leyes para que sea legalizada".

El pasado 9 de febrero cinco miembros de Sortu presentaron ante el Ministerio de Interior los estatutos del nuevo partido para inscribirlo en el registro. En ellos, los abertzales condenaban todo tipo de violencia y, específicamente, la de ETA, pero no exigía la disolución de la banda terrorista.

Impedir la inscripción

Días antes, Interior pedía al Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil sendos informes sobre Sortu. A ellos se unió otro remitido por la Ertzaintza. Con esa documentación, la Abogacía y la Fiscalía General del Estado presentaron dos demandas ante el Tribunal Supremo en las que pedían que se impidiera la inscripción de Sortu, es decir, pedían su ilegalización.

La abogacía alega en su demanda que Sortu "es una continuación de Batasuna" y es "utilizado tácticamente" por ETA para volver a las instituciones democráticas. Por su parte, la fiscalía ve claro que "Sortu ha sido diseñado, creado y aprobado por Batasuna".

Con posterioridad, y tras la detención del comando Otazua, se revelaron los planes de ETA para asesinar al lehendakari, Patxi López. Sortu se desmarcó entonces con una condena retroactiva de dichos planes.