Sortu ayuda a presos de ETA con una cuenta bancaria, según el Gobierno

Promotores de Sortu utilizaron una cuenta bancaria de la Caja Laboral Popular para depositar fondos con destino a ayudar al colectivo de presos de ETA, según la demanda que la Abogacía del Estado presentó ayer ante el Tribunal Supremo, en la que solicita la denegación de la inscripción en el Registro de Partidos Políticos de la última formación patrocinada por la izquierda abertzale. El movimiento de dicha cuenta es una de las piezas fundamentales con las que el Gobierno pretende demostrar la "conexión directa" entre ETA y Sortu, además de la negativa de los dirigentes de este partido a condenar las acciones de la banda terrorista.

La demanda fue presentada ayer en el Tribunal Supremo por el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, quien aseguró que su departamento "ha demostrado jurídicamente" que el nuevo partido "es una continuación de Batasuna" y es "utilizado tácticamente" por ETA para volver a las instituciones democráticas. La Sala del Tribunal Supremo conocida como del artículo 61 se reunió a continuación y acordó admitir a trámite la demanda y dejar en suspenso la inscripción de Sortu.

Sonia Respaldiza, citada en la demanda, niega conocer a Susper

La diferencia entre Batasuna y Aralar es la condena del terrorismo

Como ponente de la resolución, el Supremo designó a Carlos Lesmes, un magistrado próximo al PP que desempeñó las direcciones generales de Objeción de Conciencia y Relaciones con la Administración de justicia en los Gobiernos de Aznar.

Según la demanda de la Abogacía del Estado, uno de los promotores de Sortu, José Javier Artola Zubillaga, es titular, junto a Patxi Angulo Martín, de una cuenta en la Caja Laboral Popular que fue utilizada para el depósito de fondos destinados a ayudar al colectivo de presos etarras, concretamente a los procesados del sumario Ekin, abierto por el juez Baltasar Garzón contra 38 militantes del entorno de ETA.

La cuenta, abierta en 2008 y de la que se tienen datos hasta pasado 10 de febrero, "presenta una operativa típica de una cuenta bancaria destinada a la recaudación de cuotas" y se nutre de "aportaciones de personas que desarrollan su actividad profesional dentro de la docencia universitaria". Mensualmente, desde dicha cuenta se remiten transferencias cuyos beneficiarios finales son personas vinculadas con presos etarras condenados en dicho sumario. Entre los beneficiarios están Ignacio Alegría Loinaz, que recibe un total de 12.962 euros y cuyo hermano, Francisco Javier, fue condenado en firme como dirigente de Ekin-ETA. Patxi Xabier Arregi Iparagirre recibió 5.126 euros en una cuenta de la que es cotitular con Olatz Altuna Zumeta, quien, tras ser absuelta por el Tribunal Supremo, dejó de recibir fondos. Otro de los beneficiados, Mikel Iruskieta Quintian, con 25.193,44 euros, realizó varias visitas a prisión a la etarra Olatz Eguiguren, también condenada por pertenecer a Ekin.

El abogado del Estado insiste en otro momento en que una de las promotoras de Sortu, Sonia Respaldiza Bombín, aparece como posible integrante de ETA en los papeles intervenidos al dirigente Ibon Fernández Iradi, Susper. "Es obvio que ETA no expide carnés de pertenencia, y por ello hay que dar el máximo valor al nivel de ocultación y codificación de los datos personales de Sonia Respaldiza", añade. Sin embargo, la aludida salió ayer al paso y dijo que era "totalmente incierto lo que la demanda indica" y que nunca ha tenido conversaciones con ETA ni con Susper, a quien dijo no conocer.

En otro apartado, la Abogacía del Estado subraya que la escisión más pública, notoria y traumática de la izquierda abertzale fue la de Aralar, cuyo principal dirigente, Patxi Zabaleta, ha sido calificado como persona "no grata" por el colectivo de presos de ETA. "Pocas son las diferencias ideológicas, políticas y sociales entre Aralar y Batasuna", dice la demanda. "Una, solo una, es la que hace que Aralar sea tan legal como cualquier otro partido: la condena abierta y constatada del terrorismo".