Amnistía Internacional denuncia "el retroceso de España en la lucha contra la impunidad"

Mañana se cumplen 12 años de la orden de detención internacional lanzada por la Audiencia Nacional contra Augusto Pinochet por crímenes contra la humanidad y dos del auto por el que el juez Baltasar Garzón abrió una causa contra el franquismo. Con motivo de ambos aniversarios, Aministía Internacional ha emitido un comunicado en el que lamentaque España haya dejado de ser "un referente en la lucha contra la impunidad" al limitar la aplicación del principio de justicia universal e iniciar una causa contra Garzón por iniciar una investigación de los crímenes de Franco.

"Lo más preocupante es que si es declarado culpable, se está lanzando un aviso al resto de los jueces que deban pronunciarse sobre situaciones similares. Y con ello quedaría definitivamente eliminado el derecho de obtener justicia de las víctimas [de la represión franquista]ante los tribunales españoles", señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España sobre el procesamiento de Garzón. "Esto está obligando a las familias de las víctimas a recurrir a tribunales extranjeros, en este caso, argentinos, ante la negativa de los españoles a hacerlo".

"Se perpetúa la impunidad hacia las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. A un total de 114.266 casos de personas desaparecidas entre el 17 de julio de 1936 y dicembre de 1951 se les niega sistemáticamente su derecho de acceso a la justicia", denuncia la organización. Amnistía recuerda que dos meses después de que Garzón abriera una investigación de estoscrímenes, repartió la causa en más de 60 juzgados territoriales y "solo dos, el número cuatro de Palencia y el número dos de Benavente, han abierto diligencias. Otros dos juzgados han llevado las causas ante el Tribunal Supremo por un asunto de competencias. Y el resto han archivado las causas con criterios como la prescipción del delito o la Ley de Amnistía de 1977".

Por todo esto, Amnistía Internacional recomienda: a la judicatura, que no se interprete la Ley de Amnistía de 1977 como una ley de impunidad y que se retiren los cargos contra Garzón; al Gobierno, que "reforme el Código Penal incluyendo los crímenes de desaparición forzada tal y como se comprometió al ratificar en 2009 la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de la ONU" y finalmente, al Ministerio Fiscal, que "impulse la investigación en sede judicial de todo crimen internacional cometido en suelo español".

La orden de detención contra Pinochet alentó actuaciones similares en tribunales de Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Senegal, Suiza y Suecia. "Se lanzaba el esperanzador mensaje de que no habría lugar seguro para aquellos criminales que hasta entonces se sentían a salvo", recuerda Amnistía, "como el peruano Alberto Fujimori, condenado en su propio país por crímenes contra la humanidad, o el liberiano Charles Taylor, procesado y condenado por el Tribunal Especial de Sierra Leona".