Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

La policía acredita con un nuevo informe la financiación ilegal del PP de Camps

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid recibe un amplio documento con nuevas pruebas de los delitos

La Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía concluyó el pasado 20 de julio un informe sobre la financiación ilegal del PP valenciano a través de diversas constructoras que recibían contratos públicos del Gobierno de Francisco Camps y que colaboraban con Orange Market, la empresa que se encargaba de todos los actos del PP valenciano. El informe , de más de 100 folios, precisa cada uno de los pagos ilegales con grabaciones telefónicas, entre ellas a Enrique Ortiz, máximo accionista del Hércules, implicado en el supuesto amaño de partidos para el ascenso de su equipo a la primera división.

Su empresa, Enrique Ortiz e Hijos, ya apareció en el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid como una de las compañías que supuestamente financiaron ilegalmente al PP de la Comunidad Valenciana con unos 100.000 euros. La publicación de la noticia en la versión online de este periódico ha caído como una bomba en el Parador de Toledo donde la dirección del PP, con Mariano Rajoy a la cabeza, se reúne desde este mediodía para diseñar la estrategia política para lo que queda de legislatura, informa Carlos E. Cué.

Diez minutos después de que la secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, se incorporara a la reunión del Comité de Dirección tras participar en el debate del estado de la región en el Parlamento de Castilla La Mancha, las alertas han interrumpido una sesión que hasta ese momento discurría de forma tranquila. Dirigentes de Génova como el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, y la vicesecretaria de Organización, Ana Mato, han dejado la sala para verificar la información y llamar a Valencia para buscar las primeras reacciones.

Constructoras y Orange Market

"No existe una explicación lógica del motivo por el cual distintas empresas del sector de la construcción y/o servicios, ubicadas en la Comunidad Valenciana (Grupo SEDESA, Lubasa Desarrollos lnmobiliarios S.A., y Enrique Ortiz e Hijos Contratistas de Obras SL.), que resultan adjudicatarias de numerosos contratos públicos en dicha Comunidad, efectúen el pago de distintas Facturas a la mercantil Orange Market SL, salvo que exista contraprestación o favorecimiento de algún tipo entre dichas empresas y la formación política expuesta", señala el informe policial del pasado 20 de julio.

Queda acreditado, de acuerdo con este nuevo informe, que el PP valenciano ha sido financiado mediante "entregas" realizadas por el propio PP con fondos "ajenos al sistema económico real" que engrosan la caja B de Orange Market y "facturas reales emitidas por esta empresa a la formación política y abonadas por ésta". El PPCV efectuó además gestiones para que las empresas adjudicatarias de contratos públicos financiaran los actos del partido mediante la entrega de fondos a Orange Market que se enmascaran a través de "facturas ficticias".

Pedreira rechaza varios recursos

También hoy, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha manifestado en un auto que "un sector" de los imputados en el caso Gürtel, pretende "paralizar" la causa "interponiendo constantemente toda clase de recursos", informa Efe. El tribunal rechaza el recurso que varios de los imputados -encabezados por los ex diputados del PP en la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco- interpusieron contra una resolución dictada por el juez instructor del caso, Antonio Pedreira, el pasado 27 de abril.

En ella, después de que el TSJM declarara "ilícitas" las intervenciones de las comunicaciones que los considerados cabecillas de la trama -Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez- mantuvieron en prisión con sus abogados, Pedreira acordaba dar a éstos traslado de las grabaciones para que pidieran la práctica de las diligencias que estimaran oportunas en relación con las mismas.

Pese a no verse afectados por los pinchazos declarados ilícitos, López Viejo, Martín Vasco y Bosch recurrieron ese auto, pidiendo su nulidad y solicitando que todas las partes tengan acceso a las grabaciones, pretensión que el TSJM considera "totalmente improcedente" en una resolución que no ahorra calificativos a los recurrentes. "Varios de los recurrentes ejercitan un petitum que, totalmente improcedente, debe desestimarse en su integridad: en su afán de recurrir todo, incluyen la pretensión de nulidad de pleno derecho del auto recurrido", señalan los magistrados del Tribunal Superior.

La sala añade: "Suscita perplejidad que soliciten (...) que se declare la nulidad de pleno derecho del auto de 27 de abril pasado, cuando la resolución ejecuta y lleva a puro y debido efecto el de la sala de lo civil y penal" que declaró ilícitas las escuchas de Garzón.