El fiscal cree que hay pruebas contra Urquía y la defensa ve venganza

El Fiscal ha concluido en su informe final que el ex titular del Juzgado de Instrucción 2 de Marbella Francisco Javier de Urquía participó en la trama de extorsión a un empresario, mientras que la defensa del juez ha asegurado que todo se debe a una "venganza" de éste por imputarlo en el Caso Hidalgo.

En la exposición de su informe, el Fiscal Superior de Andalucía ha reiterado que Urquía aprovechó su posición como instructor del caso para ponerse de acuerdo con sus dos amigos imputados y obtener una elevada suma de dinero a cambio de favores judiciales.

Ha señalado como argumento inculpatorio la cronología de los hechos, ya que coinciden en el tiempo las peticiones de dinero al empresario por parte de sus dos amigos, así como los "elementos contradictorios" de las declaraciones de los acusados, como cuando I.M.L. dijo que todo era un farol para vender su revista o cuando A.F.A. negó que recibiera dinero.

Respecto al sentido críptico de las conversaciones telefónicas que fueron grabadas, el Fiscal considera que tienen "ánimo de ocultación" porque los acusados sabían que tenían las líneas intervenidas, algo que se demuestra en las grabaciones de otras conversaciones con el hijo del empresario en las que se ve que I.M.L era conocedor de datos de la instrucción.

El Fiscal también ha incluido como argumento inculpatorio las declaraciones de los testigos relacionados con el empresario D.S., y el papel autocopiativo que se entregó como prueba de la presunta extorsión de A.F.A. al empresario a través de Philippe Junot.

La designación del administrador judicial también supone un argumento para el Fiscal, ya que se nombró de forma directa, no se le preguntó por su titulación o experiencia y se le puso una retribución alta, lo que considera un delito de prevaricación.

En este apartado considera que Urquía llamó al Fiscal Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, "para cubrir su propia práctica", ya que éste le dio el visto bueno a la designación del administrador porque confiaba en él.

Aunque ha admitido que la multa que pide "puede ser excesiva", ya que la transacción de dinero no se llegó a realizar, también entiende probado el delito de prevaricación y cohecho en la puesta en libertad de A.K., ya que el propio imputado ha asegurado que dio dinero para obtener la libertad.

El Fiscal, que no ha dado ninguna conclusión alternativa, ha resaltado también que hay elementos que pueden resultar "extraños" como la destrucción del papel original del autocopiativo, la aparición casi dos años después de ese papel, la explicación que dieron I.M.L. y A.K., o las condiciones de la instrucción judicial.

Por su parte, la defensa de Urquía ha calificado de "extraños e insólitos" los hechos que se han producido durante la investigación, que creen se debe a una venganza de D.S. por haber sido imputado en el caso Hidalgo y de esta forma "dar a conocer que todo está viciado" para su propio interés.

Ha asegurado que el nombramiento del administrador judicial se hizo según la ley y que contaba con el apoyo de López Caballero, al igual que en los autos de libertad de A.K., su sobrino y su mujer.

El informe de las acusaciones presenta "incoherencias lógicas y jurídicas", ha dicho la defensa de Urquía, que ha reiterado sus dudas sobre el papel autocopiativo que apareció en 2009, ya que el propio D.S. no reconoció ante el tribunal ese papel.

El juicio, que queda visto para sentencia hoy, se ha desarrollado durante nueve sesiones, en las que el Ministerio Fiscal elevó a definitivas sus conclusiones provisionales y pide para Urquía dos años de cárcel, treinta de inhabilitación como juez o magistrado, uno de suspensión y multa de 8,1 millones de euros por la presunta autoría de dos delitos de prevaricación y cohecho.

Según el escrito, Urquía, aprovechando su competencia como instructor de esta causa, se puso de acuerdo con sus amigos I.M.L. y A.F.A. para obtener un beneficio económico a cambio de ofrecer favores judiciales, dado que éstos conocían a algunas de las personas afectadas por el procedimiento, y además recibió dinero de A.K. para dictar el auto de libertad provisional para él.