El instructor del 'caso Malaya' testifica en el juicio a Urquía

Proceso por supuestos favores judiciales a cambio de beneficios económicos

El que fuera instructor del caso Malaya, Miguel Ángel Torres, ha asegurado hoy que recomendó al ex titular del juzgado de Instrucción 2 de Marbella Francisco Javier de Urquía que acordase el nombramiento del administrador judicial del "caso Hidalgo" por blanqueo de capitales.

Torres ha declarado hoy en calidad de testigo en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en la quinta sesión del juicio que se celebra contra Urquía y otros tres imputados por dos presuntos delitos de prevaricación y cohecho por ofrecer supuestamente favores judiciales a cambio de beneficio económico.

El magistrado ha confirmado que Urquía le consultó sobre qué procedimiento podía seguir para nombrar al administrador judicial, vista su experiencia en casos como Malaya o Ballena Blanca, y que él le dijo que lo mejor era acordarlo con los anteriores administradores, pero que no intervino en la designación.

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Urquía aseguró la semana pasada en su declaración que el nombramiento del administrador judicial para el caso Hidalgo fue consensuado y que incluso bajó sus retribuciones, aunque las acusaciones defienden que no hubo acuerdo y que se le puso un sueldo superior a lo que el propio administrador pedía en un principio.

En este sentido, Torres ha indicado que Urquía fue a su despacho "preocupado" por el nombramiento y la retribución, ya que le parecía "excesivo" el sueldo que se le debería imponer según los baremos oficiales, aunque nunca llegaron a hablar de cantidades.

Ha reiterado que aunque su consejo fue que buscara un acuerdo, le dijo que si no lo conseguía tendría que adoptar un criterio de designación él mismo.

Los administradores de las empresas del principal grupo afectado por el "caso Hidalgo" han asegurado en anteriores sesiones del juicio que el administrador fue impuesto por el juez porque en ningún momento se pudo acordar su designación y que además terminó cobrando más dinero por decisión del juez -65.000 euros- de lo que les había pedido a ellos en un principio -43.000 euros-, además de un 1 por ciento de los activos enajenados.

Por su parte, el padre de Urquía también ha comparecido hoy como testigo y en su declaración ha defendido la tesis de su hijo de que todo se debe a un montaje, ya que tiene "la convicción" de que el alférez de la Guardia Civil ante el que se denunciaron los hechos forma parte de una trama para implicar al ex juez.

Para argumentar su hipótesis ha señalado que el alférez se reunió con uno de los imputados, I.M.L. -que presuntamente habría participado en la extorsión del empresario denunciante-, para que cambiara su declaración e implicara a Urquía.

Los abogados del grupo empresarial del principal imputado en el "caso Hidalgo" han asegurado que el nombramiento del administrador judicial no se hizo por insaculación, tal y como Urquía señalaba en su escrito de nombramiento, y han afirmado que el juez cambió el orden de los recursos que presentaron para que el proceso se alargara y el administrador estuviera más meses cobrando.

El juez se enfrenta junto a estos tres acusados a una petición del Ministerio Público de dos años de cárcel, treinta de inhabilitación como juez o magistrado, uno de suspensión y multa de 8,1 millones de euros por dos delitos de prevaricación y cohecho.

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