La licencia de obras de la subestación eléctrica de Patraix es legal

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano considera que la licencia de obras que el Ayuntamiento de Valencia concedió para la construcción de la subestación eléctrica de Patraix es legal, ya que se trata de un acto administrativo "reglado", según ha informado el consistorio. El fallo revoca una decisión judicial anterior que anuló la licencia y fue recurrida por el Ayuntamiento.

La sentencia del TSJ analiza los argumentos de la plataforma vecinal contraria a la subestación de Patraix, rodeada de viviendas y que sufrió una explosión en 2007, pero los rechaza al considerar que estas alegaciones "no son de aplicación al acto administrativo de concesión de la licencia de obra". Los vecinos se opusieron a la licencia porque, a su juicio, no mantenía una distancia mínima de seguridad con sus viviendas y suponía un peligro, entre otras alegaciones. "No concurre ninguna causa legal para la denegación de la licencia de obras recurrida. Asimismo, difícilmente puede vincularse la peligrosidad de la subestación a este juicio de legalidad", señala al respecto la resolución.

La subestación eléctrica sufrió una explosión en mayo de 2007 que alarmó al barrio y movió al Ayuntamiento de Valencia a ordenar el cierre. Los vecinos llevaban años organizando protestas y exigieron la clausura definitiva de la instalación de Iberdrola. El consistorio, finalmente, aceptó la petición y tramitó la reclasificación de un terreno junto al cementerio para la construcción de una central alternativa. El proyecto aún está pendiente de ejecutarse y la polémica continúa abierta por los costes de la nueva subestación y el destino final de la de Patraix, que sólo se ha reabierto temporalmente para paliar los efectos de una avería en otra planta de la ciudad.

La sentencia conocida hoy "no cambia la situación actual, ni tampoco las decisiones del equipo de gobierno" municipal, ha asegurado el concejal de Urbanismo, Jorge Bellver. No obstante, se ha mostrado satisfecho con la resolución "porque demuestra que la concesión de la licencia de obras es un acto reglado y que si se cumplían los requisitos y la normativa, había que conceder la licencia". "Hemos sido escrupulosos con el principio de legalidad y los tribunales ratifican la tramitación ajustada a derecho", ha subrayado. Bellver ha destacado que el gobierno local del PP ordenó el cierre de la planta de Patraix (revocado también por un juez) y promovió el traslado. Según el concejal, la responsabilidad de que aún no se haya materializado ese cambio es del Gobierno.

Iberdrola no ha querido comentar la sentencia y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia ha resaltado que sigue vigente el compromiso del Ejecutivo de mantener la central cerrada.