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Gonzalez-Sinde considera "triste" que Valencia no quiera "proteger su patrimonio"

La Delegación del Gobierno en Valencia envía un requerimiento al Ayuntamiento para que paralice los derribos

La ministra de Cultura, Angeles González-Sinde, ha criticado el derribo de seis casas entre ayer y hoy por orden del Ayuntamiento en el histórico barrio valenciano de El Cabanyal. A la ministra le parece "triste" que los valencianos estén gobernados "por una Alcaldía que no quiere proteger su patrimonio, que tiene tantísimo potencial". A estas declaraciones ha respondido la alcaldesa de la capital, Rita Barberá, quien ha subrayado que los derribos están "amparados por la ley" aprobada por Las Cortes valencianas, "de rango mayor a la orden ministerial", por las resoluciones judiciales que desestiaron las medidas cautelarísimas contra las demoliciones, por las licencias de derribo y por un acuerdo plenario.

No opina lo mismo el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta, quien ha enviado un requerimiento al Ayuntamiento de Valencia para que cumpla la orden del Ministerio de Cultura en la que le instaba a paralizar los derribos del barrio del Cabanyal y a abstenerse de ejecutar el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI). Peralta, en unas declaraciones remitidas por la Delegación del Gobierno, ha explicado que este requerimiento se une a las instrucciones dadas a la Abogacía del Estado para que con carácter inmediato y como medida cautelar solicite al juzgado la suspensión "de todo tipo de derribos" en este barrio.

"Una grave ignorancia jurídica"

"Creo que ese cumplimiento de la legalidad es la primera obligación que debemos tener las administraciones, todas las administraciones y en concreto el Ayuntamiento de Valencia como se indica expresamente en la orden de Cultura", ha afirmado. En este sentido ha invitado al Consistorio a "dar cumplimiento a esa orden, y aunque fuera solo con carácter temporal no llevar a cabo ningún derribo hasta que no haya pronunciamiento judicial instado por esta Delegación de Gobierno". Fuentes municipales han informado de que los servicios jurídicos del Ayuntamiento han respondido ya al requerimiento, que consideran producto de "una grave ignorancia jurídica".

En su respuesta, califican el requerimiento de "inaudito" por afirmar que "se ha iniciado la demolición de inmuebles dentro del PEPRI". Según la argumentación jurídica del Ayuntamiento, el PEPRI abarca un ámbito muy superior al protegido como Bien de Interés Cultural (BIC) y las actuaciones llevadas a cabo ayer no se realizaron en ningún inmueble que estuviera en zona protegida ni tenía ningún nivel de protección urbanística. En relación al conflicto con la orden ministerial esgrimido por la Delegación, han manifestado que "sólo puede alcanzar al ámbito declarado Bien de Interés Cultural y no a todo el conjunto del PEPRI". Además, han considerado este requerimiento "fuera de lugar" porque ayer entró en vigor la Ley del Consell de Medidas de Protección y Revitalización del Conjunto Histórico de la Ciudad de Valencia que autoriza expresamente las actuaciones e intervenciones sobre el Cabanyal.

La propia Barberá se ha referido al requerimiento. La alcaldesa ha recriminado a Peralta "que no reconozca que la ley del Consell tiene mayor rango y si le hiciera caso estaría incumpliendo la ley". Respecto a los incidentes de ayer durante los derribos, Barberá ha asegurado hoy que se saldaron con ocho policías locales heridos. barberá ha explicado que la Policía Local ha presentado ante el juzgado el atestado que levantó ayer de los hechos, en el que se denuncia un presunto delito de desacato del grupo municipal socialista. La alcaldesa, que ha defendido "la actuación ejemplar" de los agentes de la Policía Local durante los derribos, ha informado de que si el juez abre la causa y ve indicios de delito, "el Ayuntamiento se personará" en ella.

No es la única demanda en los juzgados. La portavoz adjunta del grupo Compromís en Les Corts, Mònica Oltra, ha presentado hoy una denuncia ante contra los concejales Alfonso Grau y Miquel Domínguez -primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana-, al considerar que han incurrido en un delito de expolio al "ordenar y propiciar" los derribos. Oltra ha recordado que el artículo 321 del Código Penal "castiga con penas de prisión a quien derribe o altere gravemente edificios singulamente protegidos por su interés histórico, artístico, cultural o monumental".