Madrid, Rivas y Coslada presionan a la Comunidad por la Ley de la Cañada
Representantes de los tres Ayuntamientos quieren una solución "urgente, definitiva e integral" al problema de los asentamientos
Los Ayuntamientos de Madrid, Rivas y Coslada han instado hoy a la Comunidad de Madrid a retomar la negociación y el consenso en torno a la ley sobre la Cañada Real Galiana "a la mayor brevedad posible" y que evite "procedimientos y comparecencias que dilaten artificialmente" su aprobación parlamentaria. Los tres municipios han pedido una solución "urgente, definitiva e integral" al problema.
Según han explicado los alcaldes de Coslada y Rivas, Ángel Viveros y José Masa, y la delegada de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, tras participar en Rivas en una reunión sobre la tramitación de la ley, los tres consistorios quieren volver a los acuerdos alcanzados en 2009 entre todas las administraciones. Así, proponen que se enmiende el proyecto de ley suprimiendo el artículo 3.4 y condicionando la desafectación al desarrollo de los instrumentos de intervención de los ámbitos sociales, medioambientales y urbanísticos.
Las tres entidades han instado al Gobierno que preside Esperanza Aguirre a que, con independencia de los trabajos parlamentarios, ejerzan todas las competencias y potestades atribuidas por la legislación patrimonial y de vías pecuarias respecto a la tutela de este bien de dominio público del que es titular.
Viveros ha explicado que su Ayuntamiento se ha reunido con las asociaciones de vecinos de la Cañada que forman parte de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Coslada o de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid y que están al corriente del proceso. Sin embargo, Masa ha defendido hoy su postura de no reunirse con las asociaciones de la zona de Rivas, porque asegura que "no representan a los intereses de los ciudadanos de la Cañada". "No las recibo porque forman parte del problema", ha dicho Masa, "venden y cobran suelos que no son suyos y expiden licencias de luz y agua que cobran a precios gangsteriles". Masa opina que, en cualquier caso, el diálogo social deberá establecerse, una vez aprobada la ley, con los grupos que trabajan "temas sociales" en la zona.
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