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Municipios y provincias reclaman "el máximo consenso posible" para la Ley de Veguerías

La ausencia del Síndic de Aran marca las comparecencias previas a la aprobación de la norma

La Ley de Veguerías debe aprobarse con el "máximo consenso posible". Esta es la petición que esta mañana ha hecho en el Parlament representantes de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC), la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas (ACM) y los presidentes de las diputaciones de Barcelona, Girona, y Lleida. El Parlament salda hoy las comparecencias previas a la redacción final de la Ley de Veguerías, una norma que el Gobierno catalán desea ratificar antes del final de la legislatura.

La nueva arquitectura territorial prevé cambiar las provincias para dividir Cataluña en siete consejos de veguería. La norma ha provocado divisiones territoriales, ya sea por la capitalidad de algunos distritos de nueva creación o por la inclusión en grandes veguerías de territorios que pedían una especial singularidad, como el Penedès, o la Vall d'Aran. Convergència i Unió ha aprovechado estas divisiones para impedir la aprobación de la norma, y ha presentado una enmienda a la totalidad del texto.

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Manuel Bustos, alcalde de Sabadell y presidente de la FMC, ha pedido un esfuerzo a CiU, dado que el consenso "parece lejos" de lograrse. "Ha faltado serenidad, diálogo y el consenso necesario" en la aprobación de la ley, ha dicho Bustos, y aunque ha destacado que las veguerías servirán para construir "una estructura nueva que dé mejores servicios desde la administración, que elimine trabas y procesos, y que sea eficaz y supletoria". El alcalde de Sallent, Jordi Moltó, que ha comparecido como representante de la ACM, ha sido más crítico: "El proyecto de ley no tiene un fundamento político ni jurídico suficiente, ni recoge el papel relevante que el Estatut otorga a las veguerías", ha recalcado tras reiterar la petición de consenso.

Los tres representantes de las diputaciones de Barcelona, Girona, y Lleida -esta tarde será el turno de Josep Poblet, presidente de la Diputación de Tarragona- han elogiado el modelo aunque también han pedido consenso para ponerlo en marcha. Antoni Fogué, presidente provincial de Barcelona, ha pedido un trato especial para la veguería barcelonesa y que la división en dos de la actual provincia no suponga una merma de competencias para la Cataluña Central, que no estará ligada a Barcelona.

La Diputación de Girona, presidida por Enric Vilert, ha reclamado también la aprobación de la Ley de Gobiernos Locales, para reformar el papel de los consejos comarcales tras la puesta en funcionamiento de las veguerías. Lleida, representada por el presidente provincial Enric Vilert, destacó la importancia de dividir la provincia en dos -la Plana y el Pirineo- y aseguró que acabará con la desigualdad entre territorios.

Esta tarde comparecerán los territorios más críticos. Hablarán los presidentes de los Consejos Comarcales de la Cerdaña y el Solsonès, el presidente de la diputación de Tarragona, y los alcaldes de Tarragona, Reus, y Lleida. Una de las comparecencias más esperadas, sin embargo, no se producirá: el síndic de Aran, Francesc Boya, declinó asistir a la comisión que debate la ley porqué considera que su posición ya ha quedado clara. Boya, diputado del PSC que se abstuvo en la aprobación de la norma, pide una consideración especial para la Vall d'Aran.

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