IU dice que hay "una acción premeditada para vincular a gobiernos democráticos con el terrorismo"

Las vinculaciones que, según el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, existen entre el Gobierno venezolano, ETA y las FARC son "una irresponsabilidad", según ha denunciado el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, quien ha asegurado que una de las imputadas, Remedios García Albert, "es una luchadora por los derechos humanos". García Albert, que reside en España y cuyo abogado pertenece a IU, es miembro de una ONG que realizaba en Colombia tareas de mediación con la guerrilla.

Lara ha asegurado en rueda de prensa que "los únicos indicios" sobre las relaciones que denunció el juez "provienen de un portátil obtenido en condiciones dudosas durante un bombardeo en territorio de Ecuador y que estuvo durante 48 horas en manos de los militares" por lo que el dirigente ha puesto en duda su contenido.

En opinión de Lara, el auto de ayer de la Audiencia se enmarca dentro "una acción premeditada para vincular a gobiernos democráticos con el terrorismo".

Además, Lara ha cargado contra el Gobierno colombiano donde, ha denunciado, "más se asesina a sindicalistas y gente de izquierdas". El coordinador de la coalición ha recordado que "el Gobierno venezolano es el único que ha pedido de manera unilateral a las FARC que abandone las armas y libere a los presos".

El PP exige explicaciones

Por su parte, el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha exigido al ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, que comparezca para explicar las medidas y decisiones tras la acusación de la Audiencia Nacional sobre la relación entre el Gobierno de Venezuela, ETA y las FARC, informa EFE. El Gobierno, por medio del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se ha comprometido a "poner en marcha todos los mecanismos de cooperación jurídica internacional para obtener la información" que el juez necesita.

Más lejos ha ido la secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, quien en declaraciones a Punto Radio ha dicho que si se confirma que el Gobierno venezolano apoyó a ETA, España debería "plantearse seriamente romper relaciones" con este país.

Por parte del PSOE, su secretaria de Política Internacional, Elena Valenciano, pidió "cautela" y "prudencia" hasta que la Justicia investigue y aclare si hubo colaboración entre el Gobierno de Venezuela, ETA y las FARC, antes de "sentenciar políticamente" a Caracas. Valenciano dijo a Europa Press que sería "un hecho gravísimo" que el Gobierno venezolano o sus fuerzas de seguridad hubiesen dado cobertura a ETA y a las FARC pero añadió que hay que dejar que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investigue lo que apuntó en un auto hecho público este lunes.

La dirigente socialista recordó que el Gobierno de Hugo Chávez negó públicamente cualquier colaboración y, además, que el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, se puso en contacto con Caracas -con su homólogo y con el propio Hugo Chávez- para pedir las explicaciones oportunas.