Los abogados de Chapman cuestionan la relación de las familias con las víctimas del Yak-42

Luis Alberto García, abogado de Chapman, la empresa contratista del Yak-42, ha puesto hoy en cuestión la relación de las familias con las víctimas de la tragedia. Durante la cuarta sesión del juicio contra las compañías que contrataron y fletaron el avión en el que murieron 62 militares españoles, García ha sentenciado que "los demandantes fundan su derecho a ser indemnizados en el parentesco que guardan con los fallecidos pero en la mayoría de los casos no consta probada su condición de familiar".

Ha sido uno de los momentos más tensos de la sesión de hoy. Francisco Cardona, padre de un militar fallecido en el accidente, se ha dirigido a uno de los abogados y le ha espetado: "¿Es usted padre?". Señalando a otro letrado le ha preguntado lo mismo. Ante las respuestas negativas, Cardona ha sido contundente: "Pido el mismo respeto que tenemos, ténganlo ustedes y aún puede agradecer que no le ponga la mano encima". Otros familiares han roto en sollozos.

Era el resumen de una sesión, la de lectura de conclusiones, que ha tenido que ser suspendida por fallos en la megafonía y que se ha prolongado desde las diez de la mañana hasta las cuatro de la tarde. La representación de los familiares, que mantiene la petición de 63 millones de euros de indemnización, ha insistido en las negligencias sucesivas desde la contratación hasta el vuelo del Yak-42. Carlos Villacorta, uno de los abogados de las familias, ha asegurado que la compañía "con su dolosa y negligente conducta, en total desprecio a todas las normas de vuelo, provocó todas las condiciones para que el accidente se produjera". Por eso ha pedido que se exija plena responsabilidad a Chapman, la empresa contratista, y a Um Air, propietaria del avión. La defensa ha descrito el rosario de irregularidades que se cometió en ese vuelo, como los papeles sin actualizar o la falta de descanso de los pilotos.

Diligencias finales

Por su parte, los abogados de Chapman y Um Air han defendido que ya se ha resarcido a las familias, que no hubo irregularidades y que el vuelo era militar. "Todas las medidas, necesarias, legales y útiles fueron adoptadas por el transportista aéreo hoy demandado", ha sostenido la defensa de los demandados. Según ha expuesto uno de los letrados de Um Air y de la aseguradora Busin Joint, Rodolfo González Lebrero, "ni el transportista aéreo ni la tripulación son responsables de un acontecimiento que no han provocado ni deseado", y han añadido que "los medios probatorios han demostrado que en torno al accidente y las evaluaciones de la aeronave, previos al mismo, han existido otros factores" que han contribuido al accidente. Lebrero ha culpado a los controladores turcos, a los que ha acusado de falta de experiencia.

Los abogados de las compañías han pedido diligencias finales. Han argumentado que hay pruebas de que la Comunidad de Madrid condecoró a 21 fallecidos con una medalla, que conlleva una pensión de 5.000 euros, y han pedido que se investigue si los familiares de las víctimas cobraron esta indemnización para deducir la cantidad de la indemnización final. También han solicitado que un médico de Ucrania investigue si es cierto que el piloto no tenía la documentación en regla.

La titular del juzgado número 12 tiene cinco días para decidir si admite estas nuevas pruebas. En caso de que su respuesta sea afirmativa, se abrirá un periodo de recopilación de documentos. Una vez recibidos, las familias tendrán otros cinco días para rebatir las pruebas. Si no admite diligencias finales. la jueza lo comunicará y preparará la sentencia. Eudald Vendrell, uno de los abogados de las familias, está convencido que la solicitud de nuevas diligencias "forma parte de un proceso dilatorio".

Los familiares no han dejado de mostrar su indignación durante estos cuatro días ante la negativa del juez Fernando Grande-Marlaska de citar a Russi Batliwala, representante legal de Chapman Freeborn, que no compareció, aunque estaba citado, en la primera sesión del juicio.