Gallardón cree que lo que hace Torrejón con el padrón es ilegal

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha afirmado esta mañana que todo "lo que se salga de la actuación que marca la ley de extranjería y de la ley de bases es ilegal". Se refería a la decisión de no empadronar a inmigrantes sin trabajo que ha tomado el municipio de Vic o a la de Torrejón, que no empadrona a los que tienen visado de turista, o a los que viven en domicilio con un espacio inferior a 20 metros cuadrados por persona. Preguntado por si lo que hacía su homólogo y compañero de partido, Pedro Rollán, en Torrejón era ilegal, insisitió en que "todo lo que signifique establecer cualquier requisito añadido al marcado por la Ley de Extranjería y la de Régimen Local por parte de los ayuntamientos supone una ilegalidad".

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, se preguntó hoy "qué ganan" los alcaldes que se niegan a empadronar a inmigrantes ilegales, y recordó que la competencia en materia de extranjería es del Estado por lo que ningún ayuntamiento puede introducir requisitos añadidos a lo que marque la Ley de Extranjería y la Ley de Régimen Local.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el primer edil afirmó tajantemente que "las normas de empadronamiento del Ayuntamiento de Vic son ilegales". "No estamos de acuerdo en poner limitaciones a los inmigrantes que quieran empadronarse porque la legislación española vigente no establece tales limitaciones, y corresponde al legislador nacional establecer la política de extranjería y no es competencia que los ayuntamientos puedan asumir de forma individual. No podemos establecer restricciones donde la ley estatal no las ha previsto", afirmó.

A continuación, se refirió a un argumento "más político o incluso más ético", al considerar que "limitar los derechos de los inmigrantes a empadronarse significa privarles de los derechos y de las prestaciones sociales imprescindibles para asegurar su supervivencia y garantizar su dignidad". Por ello, se preguntó "qué se conseguiría negando esas prestaciones básicas con esas limitaciones", y aludió a que esa decisión conduciría a los inmigrantes 'sin papeles' "quizás a la exclusión y la marginalidad" o, como mucho, supondría "desviar el problema a otro municipio que sí aplica la ley".

"Como se señala en un informe reciente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el padrón es un registro de situaciones de hecho y no de derecho, y eso significa que tiene que reflejar la realidad con independencia de si la residencia es legal o no, y del derecho que tenga la persona que ocupa el domicilio. La misión del padrón es constatar la residencia y no controlar los derechos de los residentes", zanjó.