Intenso debate en el PP por el trato ilegal a extranjeros en Torrejón

La discriminación ilegal a la que Torrejón de Ardoz somete a los inmigrantes provocó ayer un intenso debate en la cúpula del PP regional, según fuentes de la sede del partido en Génova. La discusión sobre la postura que debe adoptar el partido se prolongó en el Comité de Dirección de la formación durante más de una hora. Entre la docena de asistentes, se confrontaron aquellos que defienden que hay que censar a todos los extranjeros y los que observan cierta discrecionalidad en la norma que lo regula, lo que permite hacer excepciones como las que aplica el alcalde de Torrejón, Pedro Rollán. El primer edil no permite empadronarse a extranjeros con visado de turista o a quienes no disponen de vivienda con al menos 20 metros cuadrados por ocupante.

La decisión final fue arropar al regidor pero defender el cumplimiento de ley. La idea del PP consiste en traspasar la pelota a los socialistas y criticar la reforma de la Ley de Extranjería aprobada recientemente por el Gobierno central.

Uno de los más críticos con la postura del alcalde de Torrejón fue el consejero regional de Inmigración, Javier Fernández- Lasquetty. El alto cargo, también responsable de Planes y Estudios del PP, defendió con firmeza la idea de que hay que permitir el empadronamiento a todos los inmigrantes. Durante toda la semana, el responsable de Inmigración ha mantenido numerosas conversaciones con Rollán. La tesis del consejero es clara: "Se debe registrar a todas las personas que pueden acreditar que viven en una ciudad, sin exclusiones". Ayer mismo, Fernández-Lasquetty llamó por teléfono al alcalde de Torrejón para aleccionarle sobre la postura del partido. Durante la discusión surgió el nombre del regidor de Móstoles, Esteban Parro, cuyo municipio empadrona a todos los ciudadanos sin poner ninguna restricción.

Ana Botella, según el relato de varios asistentes, se alineó con los argumentos de Lasquetty. Botella dejó claro la necesidad de cumplir la ley que promulgó su marido, el ex presidente del Gobierno José María Aznar, una norma del año 2000 que establece que "los ayuntamientos incorporarán al padrón a los extranjeros que tengan su domicilio habitual en el municipio". La misma norma establece que "los extranjeros empadronados tienen derecho a la asistencia sanitaria", lo que abre el acceso a los servicios sociales.

Durante el tenso debate ideológico, algunos miembros plantearon la cuestión de cómo era posible rechazar el empadronamiento a extranjeros con visado de turista y, sin embargo, permitirlo para aquellos que tienen el visado caducado. Otros asistentes defendieron utilizar el padrón para evitar pisos pateras y el hacinamiento.Tras la reunión del comité ejecutivo popular, Esperanza Aguirre compareció ante los medios para escenificar la postura oficial de apoyar al regidor: "Lo que hace Torrejón es legal". En público, la presidenta del PP madrileño justificó el modelo de empadronamiento de Rollán: "Es lógico que ningún municipio empadrone a turistas, porque no lo hace ningún país del mundo". Respecto a la pérdida de derechos de los extranjeros al impedir el empadronamiento, Aguirre espetó ufana: "En España está garantizado el acceso universal a la sanidad y la educación".

Poco después, el consejero de Presidencia, Francisco Granados, contribuyó a dejar clara la posición del PP. "El caso de Torrejón se está utilizando para tapar el de Vic, para ocultar la realidad que es el fracaso total y absoluto de la Ley de Extranjería". El consejero se mostró partidario de "empadronar a todo el mundo".

Por su parte, el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, fijó ayer la posición de los socialistas. Chaves, que ayer se reunió en Parla con alcaldes socialistas de la región, aseguró que "los municipios tienen la obligación legal de empadronar a todos los ciudadanos de otros países con domicilio".

El ex presidente andaluz acusó a los populares de "buscar excusas demagógicas o de oportunismo" para que los ayuntamientos se nieguen a empadronar a inmigrantes irregulares. Y espetó: "Lo que está haciendo el PP es pedir que se incumpla una norma que aprobó Mariano Rajoy cuando era ministro para las Administraciones Públicas".