La Sindicatura de Cuentas detecta graves irregularidades en la empresa de vivienda pública de la Generalitat
Un estudio revela que muchas de las obras acabadas se han liquidado por importes superiores a los de adjudicación con desviaciones económicas superiores al 20%.
La Sindicatura de Cuentas, el organismo fiscalizador de las cuentas públicas de la Generalitat, confirma en su último informe que Adigsa, la empresa de promoción de vivienda pública de la Generalitat, cometió graves irregularidades en el último año del Gobierno de Jordi Pujol (2003) y en menor medida, en el ejercicio 2004, tras la llegada del tripartito al Ejecutivo catalán.
El estudio revela que muchas de las obras acabadas se han liquidado por importes superiores a los de adjudicación e, incluso, a los de licitación, con desviaciones económicas superiores al 20%.
En la cuenta de gasto de los ejercicios fiscalizados se incluyen 1,62 millones de 2003 y 1,48 millones de 2004, correspondientes a 30 y 35 "reformados", término con el que ADIGSA identifica los excesos de coste sobre los importes adjudicados. Para la formalización de estas desviaciones en el coste de la obra, la sindicatura no ha hallado ningún contrato de obra complementaria ni ningún informe justificativo previo. Pese a ello, la entidad formalizó el correspondiente expediente de justificación para pagar la liquidación final de la obra. La mayor parte de las obras referentes a los dos ejercicios fueron licitadas entre 2000 y 2003.
El informe también revela una "excesiva" concentración de adjudicatarios de los contratos de obra, tanto para el ejercicio 2003 como el 2004. Desta manera, cinco empresas se reparten el 66% de los contratos de 2003 y el 52% de las adjudicaciones realizadas en 2004.
Adigsa fue la empresa que estuvo en el ojo del huracán durante la polémica del 3%, en la que se acusó a Convergència i Unió de financiarse mediante comisiones sobre la obra pública.
Además de los sobrecostes generalizados, el informe también revela que Adigsa contrató obras mediante criterios que no estaban especificados en las bases de los concursos. Esta práctica, añade, se corrigió progresivamente en 2004, coincidiendo con la llegada del nuevo Gobierno. Con todo, la nueva administración continuó aplicando algunos criterios no admitidos en la normativa comunitaria, insiste la Sindicatura.
También en el ejercicio 2003, Adigsa pactó de forma verbal y mediante una persona ajena a la empresa, la contratación de proveedores para reformar 44 inmuebles. Para hacer estas contrataciones no se dio conocimiento previo al departamento de Contratación de la Generalitat.
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