Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
El escándalo del espionaje político

La Comunidad de Madrid denuncia en los tribunales el espionaje a Ignacio González

El afectado presenta otra a título personal ante la fiscalía .- El consejero de Presidencia, Francisco Granados, califica de "delictivo" el seguimiento y pide comparecer en la Asamblea para explicarse

La Comunidad de Madrid ha interpuesto en la tarde de este martes una denuncia ante el juzgado de guardia para que investigue el espionaje y seguimiento al vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, que a su vez lo ha hecho también ante la fiscalía a título personal.

Ambas denuncias se producen como consecuencia del artículo publicado este martes por EL PAÍS que señala que González ha sido objeto de seguimientos parapoliciales en los últimos ocho meses durante sus viajes públicos y personales al extranjero. En la edición del lunes, además, este mismo periódico informaba de que ex policías y ex guardias civiles realizaron trabajos de inteligencia e información para el consejero de Interior y Justicia, Francisco Granados.

Previamente, el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, había declarado que la fiscalía no iba a actuar de oficio al no apreciar indicios de delito, aunque adelantó que abriría una investigación si recibía una denuncia al respecto, lo que finalmente ha sucedido. "Lo que se ha producido es un seguimiento a un personaje, que es un personaje público porque es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, y eso, así sin más, no es ningún tipo de delito", explicó, antes de añadir que "si hay otros datos nuevos, otros datos distintos, otro tipo de actuaciones, se puede valorar otra vez".

En la denuncia de la Comunidad se destaca que, para poder realizar el seguimiento al vicepresidente, los autores de los hechos que se denuncian tuvieron que utilizar forzosamente información reservada, que no es posible obtener de ningún medio o registro accesible al público, con la suficiente antelación para organizar la grabación y las fotografías publicadas por EL PAÍS.

Los servicios jurídicos regionales consideran que "se han producido, sin duda, y como mínimo, controles y grabaciones visuales clandestinas, revelación a terceros de imágenes y documentos personales, abusos informáticos sobre datos personales automatizados y apoderamiento de documentos". Y añaden que los hechos expuestos son "enormemente graves", por lo que creen necesario que se efectúen investigaciones por el órgano judicial competente sobre quiénes son los autores, y podrían ser constitutivos de "delitos de descubrimiento y revelación de secretos" tipificados en los artículos 197 a 201 del Código Penal.

La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, ha precisado que la denuncia "no va dirigida contra nadie", y ha insistido en que lo que se pretende con esta acción es esclarecer "si es cierto que alguien está haciendo seguimientos, grabaciones o espionajes nada menos que al vicepresidente de la Comunidad de Madrid". Aguirre ha manifestado que el Ejecutivo regional es una institución que no tiene nada que ver con nada relacionado con el espionaje, y cree que si se están elaborando informes se está "delinquiendo".

Ignacio González ha calificado de "gravísimo" el seguimiento al que ha sido sometido en dos viajes, uno de carácter oficial y otro privado, y ha considerado que estos hechos incurren en un "grave delito" que atenta contra su persona. González ha confesado sentirse "absolutamente sorprendido" por las "investigaciones ilícitas" de las que ha podido ser objeto durante los últimos ocho meses. Gracias a ese espionaje, realizado en algún caso con cámaras ocultas, se han elaborado dos informes donde se aportan fotografías y documentos privados del vicepresidente de la Comunidad de Madrid y se le intentan atribuir conductas delictivas o irregulares, informa Francisco Mercado.

Comparecencia

Por su parte, el vicepresidente del Ejecutivo regional, Francisco Granados, ha enviado un escrito a la Asamblea regional en el que solicita comparecer en la correspondiente Comisión parlamentaria de Presidencia, Justicia e Interior, como le habían pedido PSOE e IU.

Granados ha dicho que confía en que la actuación judicial permita conocer "quien está detrás de estos seguimentos ilícitos para que recaiga todo el peso de la ley", pues la fiscalía y la policía deben investigar "quién puede" montar un servicio de espionaje como el mostrado, "con tantos medios como para realizar seguimientos en sitios tan alejados como Colombia o Johannesburgo".

En una entrevista emitida este martes en Telemadrid, Granados subrayó que la información de EL PAÍS sobre el seguimiento a González no está relacionada con la noticia que este mismo diario publicó el lunes sobre la existencia de una red de espionaje a su servicio.

El consejero de Presidencia reconoció entonces que el responsable de este servicio, Marcos Peña, trabajaba para él como "asesor de seguridad", pero aclaró que la Comunidad de Madrid ejercía las competencias de seguridad dentro de la ley. Por su parte, Aguirre se limitó a cargar contra EL PAÍS por publicar tal información.

"Con nada relacionado con inteligencia"

El comisario jefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de Madrid, José Luis Conde, no ha querido hacer declaraciones sobre la noticia y se ha limitado a afirmar que su departamento "siempre trabaja los asuntos previa judicialización, es decir, que todas la autorizaciones están dadas por juez y con el conocimiento del fiscal". Conde ha incidido en que su departamento no trabaja "con nada relacionado con inteligencia, ni nada de esos temas".

Más información