Uno de los acusados del 'caso Saqueo' traspasó dinero público a otra de las imputadas

Eduardo Gonzálvez, uno de los seis acusados en el caso Saqueo por el desvío de fondos del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) entre 1991 y 1995, ha reconocido hoy que ingresó dinero del erario municipal en la cuenta de otra de las acusadas en el caso, Purificación Notario, esposa de José Luis Jiménez, imputado en la causa que falleció en 2005.

Así lo ha manifestado durante su interrogatorio en el juicio que ha comenzado hoy a celebrarse en la Audiencia Nacional después de que este tribunal haya rechazado abstenerse de juzgar este caso en favor del Tribunal de Cuentas, tal y como habían solicitado en las cuestiones previas la mayoría de los acusados, entre ellos el ex asesor urbanístico municipal Juan Antonio Roca.

La Fiscalía Anticorrupción, que pide penas de entre 8 y 10 años de prisión para los acusados, sostiene que desde la llegada a la alcaldía en 1991 del Grupo Independiente Liberal (GIL) los acusados decidieron desviar, desde el Ayuntamiento o desde sus propios cargos en las sociedades municipales que crearon para ello, los fondos públicos del municipio "en su propio beneficio o en el de terceros".

Gonzálvez, empleado de la sociedad municipal Contratas 2000, ha explicado que, pese a que era administrativo contable, no se encargaba de la cuentas y ha dicho que él hacía anotaciones en los libros sobre las operaciones del "día a día", ya que la empresa tenía una "contabilidad primaria".

El motivo para realizar esta operación, que ha calificado de "normal", era -según ha dicho- que Jiménez, gerente de Contratas 2000 por aquella época, les había hablado de la posibilidad de que embargaran las cuentas y para que, "al menos el dinero de los sueldos de los empleados" no se perdiera, les había ordenado que los ingresos se efectuaran en la cuenta de su esposa, desde la que también se realizaban pagos de facturas.

El último de la fila

Ha insistido en que él "no hacía las cuentas oficiales" de la sociedad y, en este sentido, ha indicado que "las carpetas se mandaban al club financiero, al despacho del señor Manuel Jorge Castel", otro de los acusados considerado contable del entramado financiero.

"Yo era el último de la fila", ha respondido al ser preguntado por la fiscal si los datos que él anotaba eran "manipulados" por alguien, y, en concreto, por el cierre de 1992, en el que aparecían ingresos por un valor de 4.200 millones de pesetas y, tras el pago de las nóminas, quedaba un fondo de provisión de 2.439 millones, una cifra que, según el Ministerio Público, no se corresponde con los 63 millones que el acusado anotó en los libros de contabilidad.

Por su parte, Castel ha ofrecido una versión distinta de la de Gonzálvez al tribunal y ha negado ser el contable del entramado financiero y que su labor era la de ofrecer a las distintas sociedades "asesoramiento fiscal de cara al comprobación y liquidación de impuestos".