Los agentes sociales impulsan la consulta popular sobre los fondos agrarios en Jódar

La consulta popular sobre el reparto de los fondos de ayuda al campo en el municipio jiennense de Jódar se está celebrando hoy a pesar de que una decisión judicial suspendió la iniciativa. Los responsables municipales se desvincularán de la iniciativa, que estaba prevista para el pasado 3 de agosto. Desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) se ha hecho hincapié en que se trata de una propuesta del comité de empresa del Ayuntamiento, del que forman parte junto con CC OO, y que no va contra nadie, sino que sólo pretende conocer la opinión de los protagonistas, los trabajadores del campo susceptibles de recibir ofertas de trabajo con cargo a los fondos de Aepsa.

El secretario provincial del SAT, Andrés Bódalo, ha explicado que la urna está abierta desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la tarde en la Casa de la Cultura, donde "están llamados a expresar su opinión las 3.600 personas que cuentan con cartilla agraria en la localidad". Una vez se conozca el resultado de la iniciativa, según ha añadido el sindicalista, se pondrá en conocimiento del Ayuntamiento para que, en caso de que sea favorable, tome las medidas oportunas para modificar el sistema de reparto actual.

Bódalo ha subrayado que el Ayuntamiento galduriense respeta en todo momento la decisión judicial que suspendió la consulta original y no participa en la organización. "Es una pregunta a los trabajadores, como se pueden hacer en muchos pueblos por agentes sociales o, incluso, dentro de empresas", comentó.

Parada por no seguir el proceso legal

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Jaén resolvió el pasado 31 de julio la suspensión de la actuación impulsada por el Ayuntamiento de Jódar consistente en la celebración de una consulta popular prevista para el 3 de agosto sobre el reparto de las ayudas del Aepsa.

La resolución fue adoptada a instancias del recurso presentado por la Delegación del Gobierno andaluz al constatar que el equipo de gobierno galduriense no había seguido el procedimiento legalmente establecido en la norma de regulación de las consultas populares locales en Andalucía (Ley 2/2001).

Días más tarde, ambas partes (a las que se sumó la Abogacía del Estado), expusieron sus posiciones al juez. Tanto la Junta como el Gobierno central "pidieron el veto" a la consulta, mientras que el alcalde del municipio, José Luis Angulo (IU), replicó que "se va contra ninguna ley y sólo se quiere saber la opinión de los trabajadores". Además, anunció el inicio de los trámites legales para realizar la consulta 'oficial', si bien dejó claro que su intención era emplear otro tipo de mecanismo para que los afectados puedan expresarse "lo antes posible".