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José María Aldaya: "Me quedé medio loco tras el secuestro"

'Kantauri' y 'Lola' se niegan a declarar en el juicio por los 342 día de secuestro del industrial vasco, que quedó ayer visto para sentencia

El industrial vasco José María Aldaya afirmó ayer en la Audiencia Nacional que, tras el secuestro que sufrió a manos de ETA, se quedó "medio loco" y que arrastra unas caderas "deshechas" debido a los movimientos que tenía que realizar en el minúsculo zulo en el que la banda terrorista le recluyó 342 días, entre el 8 de mayo de 1995 y el 14 de abril de 1996. Los miembros de ETA Javier Arizcuren Ruiz, alias Kantauri, y Dolores López Resina, alias Lola, se han negado a declarar en el juicio, que quedó ya visto para sentencia.

Los dos acusados se han identificado como miembros de ETA y han rechazado contestar a las preguntas del fiscal Ignacio Gordillo, que ha elevado a definitiva su petición de 17 años de prisión para cada uno de ellos por un delito de detención ilegal bajo rescate. Solicita además el fiscal que Kantauri y Lola sean condenados a indemnizar al industrial, junto con los ya penados por este hecho, Francisco José Ramada y Sagrario Yoldi, con 350 millones de euros, 150 por la cantidad pagada en concepto de rescate y otros 200 por daños morales. Al inicio de la vista, celebrada ante la Sección Primera de lo Penal, López Resina se ha dirigido al tribunal en catalán para definirse como "catalana y miembro de ETA".

Ha afirmado no reconocer al tribunal que la juzgaba y ha terminado su intervención con un "Visça Catalunya". Kantauri, acusado de ordenar el secuestro, ha dicho ser también militante de ETA, ha calificado el acto de "teatro" y ha pedido a su abogada que no realizara defensa alguna durante esta vista. El primer testigo en comparecer ante el tribunal, presidido por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, ha sido el propio Aldaya. Es la cuarta ocasión en la que ha tenido que relatar su calvario ante la Audiencia Nacional. Ha señalado que fueron tres las personas que el 8 de mayo de 1995 salieron de un vehículo que circulaba delante del suyo y le secuestraron a pocos metros de su casa. Le pusieron una capucha, le inyectaron una droga que le durmió y le trasladaron a un minúsculo zulo, donde despertó y permaneció encerrado casi un año.

Una "cárcel del pueblo"

Sólo tuvo contacto con una persona, encapuchada, que era la que le suministraba la comida. Durante su reclusión comió bien y dejó de fumar, si bien ahora ha vuelto a hacerlo. "Me quede medio loco", ha reconocido Aldaya ante el tribunal, para añadir que sufre dolores en las caderas por las vueltas que daba diariamente por el zulo para evitar estar todo el día quieto. El 14 de abril de 1996, Aldaya fue liberado en un bosque y ha dicho desconocer si alguien pagó un rescate para que este hecho se produjera. "Me he dedicado a trabajar y a olvidar", ha subrayado a preguntas del fiscal. El abogado de la acusación particular ha renunciado a realizarle pregunta alguna.

Tras Aldaya han desfilado varios testigos policiales implicados en la investigación del caso y los ya condenados Ramada y Yoldi. El primero se ha negado a declarar y la segunda ha asegurado sufrir una enfermedad psíquica que le impide acordarse de nada de lo sucedido. Según las conclusiones expuestas por el fiscal Gordillo, Kantauri propuso en 1993 a Ramada que se integrara en el sector de ETA dedicado a los secuestros y le facilitó, a través de un enlace, el dinero necesario para adquirir una nave industrial en el barrio de Venta de Irún (Guipúzcoa) en el que fue confinado el empresario.

Posteriormente Ramada y Lola construyeron y acondicionaron en la nave industrial una "cárcel del pueblo", nombre utilizado para designar a los zulos. Tenía tres metros y medio de largo, uno de ancho y dos de alto y es el mismo en el que estuvo Cosme Delclaux. Además, la etarra participó directamente en el secuestro, al asaltar el 8 de mayo de 1995 el vehículo de Aldaya cuando volvía a su domicilio de Fuenterrabía (Guipúzcoa) junto a otros compañeros del comando. ETA se atribuyó el secuestro mediante una llamada al diario Egin que se produjo el 25 de mayo de 1995. El industrial fue liberado 341 días después en el Alto de Azcárate de Elgóibar (Guipúzcoa), una vez que la familia y su empresa, Alditrans, pagaran "una cuantiosa suma de dinero no exactamente determinada pero no inferior a 150 millones de pesetas", según la Fiscalía.