Una juez de Vitoria autorizó que se pinchara el teléfono de un periodista de 'El Correo'

Una juez de Vitoria autorizó a la Ertzaintza intervenir el listado de llamadas de un periodista de El Correo durante once días de marzo y mayo de 2006 para conocer las fuentes que tuvo a la hora de redactar una noticia.

Según publica este diario, la Viceconsejería de Seguridad quería averiguar el origen de una noticia en la que se denunciaba que un presunto colaborador de ETA había sido avisado de que iba a ser detenido por la Policía autónoma tres días antes de que esto ocurriese.

La Ertzaintza acusó a un agente de la filtración y una juez permitió acceder al listado de llamadas del periodista, aunque finalmente ha sobreseído la causa.

Seis días después del alto el fuego

El 28 de marzo del año pasado, seis después de la declaración del alto el fuego, la Ertzaintza detuvo al abogado bilbaíno Koldo Damborenea, supuestamente relacionado con el comando de ETA que en 2002 intentó asesinar a dos agentes en el puerto alavés de Herrera.

Tres días antes, sin embargo, una persona que se presentó como adscrita a la

Viceconsejería de Seguridad estuvo con un familiar de Damborenea y le informó la operación.

El hecho fue puesto en conocimiento del juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, responsable de la investigación sobre el atentado de Herrera, mientras que la Unidad de Asuntos Internos de la Viceconsejería, dirigida por Gervasio Gabirondo, inició una serie de pesquisas para determinar quién había informado al periodista de El Correo Oscar Beltrán de Otarola sobre este suceso.

Para ello, solicitó a la juez Fátima Ortiz Alarcón acceder a las llamadas de dicho redactor entre el 22 y 27 de marzo y el 5 y el 9 de mayo.

La juez admitió la petición, al considerar que no existía "otro medio de investigación de menor incidencia sobre derechos y libertades fundamentales del individuo".

"Por el bien común"

Decía en su auto que controlar las comunicaciones del periodista era necesario para preservar "el buen funcionamiento de las Administraciones públicas y el bien común" y que un agente estaba "utilizando" al periodista al "revelar información que no debía ser divulgada".

El acceso a las llamadas permitió identificar a tres personas vinculadas a la Ertzaintza, dos de la cuales fueron descartadas como autores de la filtración. La tercera era un agente amigo del periodista que había notificado a sus superiores que a veces hablaba con él.

Los responsables de Asuntos Internos decidieron entonces pinchar su teléfono en septiembre, cuando se iba a realizar una operación en el Puerto de Bilbao, pero no hubo filtración alguna. Optaron entonces por cotejar los artículos escritos por el periodista en más de dos años con las llamadas realizadas por el ertzaina.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria llamó también a declarar al ertzaina como imputado de un delito de revelación de secreto, pero finalmente, en febrero, el magistrado que sustituyó a Ortiz sobreseyó el caso al no encontrar pruebas que lo responsabilizasen de la filtración.