Marlaska deja en libertad a los dos empresarios pero mantiene la imputación por pagar a ETA

Los empresarios navarros José Javier Azpiroz y Juan María Saralegui, detenidos el pasado viernes en una redada contra la red de extorsión de ETA, no irán a prisión, aunque siguen imputados por un presunto delito de colaboración con organización terrorista. Así lo ha decidido el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, tras tomarles declaración esta mañana y después de que la Fiscalía no pidiera medidas cautelares. Grande-Marlaska explica en su auto que los dos empresarios pagaron supuestamente a ETA 54.000 euros para favorecer el "proyecto de paz". El pago, según el magistrado, fue "voluntario" y que se efectuó el 29 de abril, después de que la banda armada declarara el alto el fuego permanente el 22 de marzo.

El juez ha tenido que adoptar la decisión de dejarlos en libertad después de que la Fiscalía optase por no solicitar ninguna medida cautelar para los dos empresarios que, según fuentes jurídicas, han negado durante su declaración de esta mañana haber pagado dinero alguno a ETA. Azpiroz y Saralegui, socios de la constructora navarra AZYSA S.L. -que ha emitido un comunicado en el que niega la autoría de delito alguno y agradece las muestras de solidaridad-, han salido de la Audiencia sobre las 14.30 después de prestar declaración, por separado y durante media hora cada uno, ante el magistrado, al que aseguraron que nunca han entregado ningún dinero a la organización terrorista, aunque han admitido que ETA les exigió el pago del llamado impuesto revolucionario en 2001.

A pesar de que la Fiscalía ya había anunciado que no pediría que se les impusiera medida cautelar alguna, requisito imprescindible para que el juez la acuerde, Grande-Marlaska ha intentado hasta el último momento que, al menos, los empresarios fueran obligados a comparecer periódicamente en el Juzgado o que se les prohibiera abandonar el territorio nacional. Así, el juez ha convocado de oficio una comparecencia de las previstas en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para que las partes se pronuncien sobre estas cuestiones, pero el ministerio público ha mantenido su postura y los empresarios han salido en libertad.

Un recibo de ETA

En el auto notificado hoy, Grande-Marlaska insiste en que de los indicios que obran en la causa se concluye "la necesidad de adoptar alguna medida cautelar personal (...), pero en aplicación del principio acusatorio y no siendo en estricta técnica jurídica legal el aplicar cualquier restricción de la libertad si no es solicitada, se acuerda la libertad provisional sin ninguna limitación". Azpiroz y Saralegui, no obstante, siguen imputados por un supuesto delito de colaboración con organización terrorista y deberán acudir al Juzgado siempre que sean citados. En su resolución, el magistrado explica que los dos empresarios fueron extorsionados por ETA en 2001, que les exigió el pago de una cantidad que no ha podido ser determinada y que les atribuyó "un código alfanumérico de identificación, como es habitual".

Añade que el 29 de abril, y a través de un abogado, hicieron llegar 54.000 euros al fundador de ETA Julen Madariaga, detenido en Francia en el curso de esta misma operación, sin que se sepa si era el total reclamado por la banda o el último de los plazos acordados."No obstante lo anterior, conviene referir cómo se hizo constar por los imputados el que deseaban hacer llegar a ETA que este pago lo era con carácter voluntario y con el fin de favorecer el denominado proyecto de paz", señala el juez. El auto agrega que el martes, en el domicilio de José Antonio Cau Aldanur "se aprehendió el recibo original donde ETA reconocía el pago de 54.000 euros, recibo fechado en junio de 2006 y el cual debía de ser entregado finalmente dentro de la lógica cadena a los imputados".

Marlaska dice, aunque no se extiende en este punto porque la causa permanece secreta, que en conversaciones intervenidas a Madariaga después del 29 de abril éste confirma a otros presuntos miembros de la trama de extorsión de ETA la entrega del dinero. Para el juez, que dejará su puesto a finales de esta semana ante el retorno de Baltasar Garzón, la actuación de los empresarios puede ser constitutiva de un delito de colaboración con organización terrorista, castigado con hasta cinco años de prisión, y su negativa a reconocer el pago -que para él ha quedado demostrado- impide aplicarles ninguna eximente de responsabilidad penal "como sería el miedo insuperable".