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El futuro de Euskadi

El PNV y el Gobierno salen en defensa de Aguirre y Arzalluz ante su cita judicial

El PNV salió ayer en defensa decidida de Gorka Aguirre, el miembro de su ejecutiva citado a declarar mañana como imputado por un delito de colaboración con banda terrorista por el juez Fernando Grande-Marlaska, y del ex presidente del partido Xabier Arzalluz, citado también en la Audiencia Nacional en calidad de testigo. El nombre de Arzalluz aparece citado en las conversaciones de Aguirre que grabó la policía. La preocupación y la indignación que esta actuación judicial ha provocado en el PNV quedó patente en la escueta intervención de su portavoz, Iñigo Urkullu, limitada a la lectura de un comunicado, sin admitir preguntas. El PNV ha recibido el apoyo del PSOE y del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El Ejecutivo iniciará esta semana el proceso y afirma que "hay que verlo en la perspectiva de 40 años de terrorismo"

El Gobierno dice que "la esperanza del fin de la violencia es más alta que nunca" y que hay un gran apoyo al diálogo con ETA

El PNV acusa a Grande-Marlaska de "desprestigiar la justicia" al practicar una "política judicial-espectáculo"

La ejecutiva del PNV tratará en su reunión de hoy el tema en profundidad y decidirá su actuación, sin descartar movilizaciones en apoyo de los dos dirigentes. Lo que resulta claro es que el PNV va a cerrar filas ante este cuestionamiento de uno de los miembros de su dirección, pese a que pertenece al minoritario sector que en la ejecutiva encabeza el ex portavoz del partido, Joseba Egibar.

El 18 de abril, Joseba Elosua encarcelado el sábado pasado por su relación con la red de extorsión de ETA, llamó por teléfono a Gorka Aguirre para comunicarle la paralización de las actividades de envío de cartas reclamando el pago del impuesto revolucionario a empresarios vascos, así como el interés de los dirigentes de la banda terrorista de ser informados puntualmente en caso de que se detectaran nuevas cartas. La policía cree que ETA pretendía contrarrestar de esta manera la acción paralela de algún grupo incontrolado.

"Absoluta confianza"

El PNV mostró ayer su "absoluta confianza" en la trayectoria de Aguirre y Arzalluz, y su apoyo al trabajo de ambos "en la búsqueda de caminos para la paz", inspirado, afirmó Urkullu, "en principios humanitarios y de respeto a los derechos humanos y colectivos" del pueblo vasco.

El comunicado hace una explícita declaración de solidaridad con cualquier víctima de la extorsión, la amenaza o el chantaje, y con sus familiares. También añade la comprensión hacia "todas las circunstancias personales y, por tanto, las decisiones que las víctimas de la extorsión hayan adoptado" en cada caso.

El portavoz resaltó el "estupor" de su organización por la filtración a los medios de comunicación de "una imputación que está bajo secreto de sumario" y destacó también que ni Aguirre ni Arzalluz tenían ayer conocimiento de las citaciones. "Confiamos y exigimos que estos hechos conocidos a través de los medios de comunicación tengan un tratamiento riguroso", dijo Urkullu, al tiempo que demandó un esclarecimiento lo más rápido posible de "la inocencia de nuestro compañero, miembro de la ejecutiva del PNV, Gorka Aguirre".

Según el PNV, esta actuación de Grande-Marlaska se corresponde con "prácticas de política judicial-espectáculo" que provocan el descrédito de parte de la justicia. "Se nos hace difícil que la sociedad entienda el principio de la presunción de inocencia cuando desde el propio poder judicial se convierte este pilar del Estado de derecho en una herramienta que busca sobre todo los efectos mediáticos y políticos", afirma el comunicado.

El portavoz del PNV se preguntó si la imputación de Gorka Aguirre es "la traca final" del juez Grande-Marlaska -el 1 de julio le sustituye Baltasar Garzón- o si se trata de "un profundo nubarrón de este incipiente proceso de pacificación y normalización política". La expresión de esa duda se cerró con un emplazamiento "al Gobierno del Estado español y a todos los poderes del mismo" a que den pasos decididos "en sintonía con las ansias de la mayoría de la sociedad vasca y de la española".

El Gobierno y el PSOE también decidieron expresar públicamente su respaldo al PNV, un partido que ha mostrado su total apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero para que gestione el proceso de paz, una vez que ETA anunciase el alto el fuego hace tres meses. Zapatero está "muy satisfecho" del comportamiento del PNV, según su entorno. A su vez, el PSOE expresó su convencimiento de que ni los dirigentes ni los militantes del PNV, un partido democrático, "tienen nada que ver con redes de extorsión", según el portavoz parlamentario, Diego López Garrido. El Gobierno no concede mayor importancia a este acontecimiento, ni a los incidentes judiciales de la pasada semana. Tampoco a las polémicas generadas por los comunicados de ETA, como el que pedía al Gobierno "pasar de las palabras a los hechos". "Son cuestiones menores. El proceso de paz no hay que analizarlo día a día. Hay que verlo con la perspectiva de un proceso largo, que va a poner fin a casi 40 años de violencia", señalan fuentes de La Moncloa.

Sondeos favorables

Fuentes de La Moncloa aseguran que "la esperanza del final de la violencia es más alta que nunca" tras casi 40 años de terror y una vez transcurridos más de tres años sin que ETA haya matado a nadie y cuando ya han transcurrido tres meses de que la banda declarara el alto el fuego. "Podemos estar a las puertas del final de la violencia y de que se abra una etapa distinta en la política vasca", añaden las fuentes.

La Moncloa afirma que los sondeos de opinión sobre un final dialogado del terrorismo "se mantienen de modo muy favorable". Según los datos que maneja el Gobierno, más de un 60% de los españoles están a favor de un final dialogado de ETA. En el País Vasco la cifra asciende al 80%.

El Gobierno considera que "se cumple satisfactoriamente" el alto el fuego. "El único acto violento de envergadura, el incendio de una ferretería en Barañáin (Navarra), no fue ordenado por ETA", señalan fuentes gubernamentales. En cuanto a la extorsión, "sólo quedan rescoldos de etapas anteriores", añaden. Y de los dos últimos comunicados de ETA el Gobierno considera que lo más importante es "la ratificación que ETA hace del alto el fuego".

Con esta perspectiva, el presidente del Gobierno anunciará esta semana el diálogo oficial entre el Ejecutivo y ETA para terminar con el terrorismo y cumplir, de ese modo, su compromiso de materializarlo antes del 30 de junio. "El Gobierno ya lo tiene todo pensado y lo comunicará en tiempo y forma a los partidos y al Congreso. Esperar más tiempo es arriesgar a que se pudra el proceso", dicen fuentes gubernamentales.

El Ejecutivo contempló anunciar la comunicación en el Congreso la pasada semana, pero la "actitud desafiante" de los etarras Javier García Gaztelu e Irantzu Gallastegi, en el juicio por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, le disuadió. El hecho de que el PP rechace el diálogo entre el Gobierno y ETA no será óbice para que se haga. "El proceso va a tener muchos hitos. El Gobierno seguirá informando y tratando de pactar con el PP. El proceso va a seguir paso a paso y sin marchas atrás", señalan en La Moncloa.

A los apoyos que el Gobierno tiene de los partidos, con la excepción del PP, de la Unión Europea; de numerosas instituciones, ahora añade la "unanimidad del Comité Federal del PSOE" este fin de semana. "Si el Estatuto de Cataluña tuvo reticencias en el partido, el proceso de paz en Euskadi cuenta con la unanimidad del partido", señalan fuentes gubernamentales.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 26 de junio de 2006