ETA anuncia el cese de los atentados contra "electos de los partidos políticos"

Los diarios Berria y Gara publican hoy el comunicado íntegro de ETA tras el adelanto que difundieron anoche en sus respectivas ediciones digitales, en el que la banda anunciaba el cese de los atentados contra "los electos de los partidos políticos". En la nota completa difundida hoy, ETA señala que el Pacto Antiterrorista suscrito entre PP y PSOE "ha fallado" en sus objetivos políticos, por lo que considera que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "debería alejarse" de "las cenizas del Pacto". En su opinión, "aprendiendo del pasado, ahora tiene la oportunidad de no repetir este ciclo de opresión".

ETA señala que el pasado 1 de junio cerró "el frente contra los electos de los partidos políticos de España" en una decisión motivada por "los cambios políticos" que afirma haber observado en los últimos tiempos, como la "disolución" del Pacto Antiterrorista entre PP y PSOE, el "fracaso de la estrategia de ilegalización" de Batasuna y sus herederos y "los importantes esfuerzos que se están haciendo para ofrecer una solución democrática al conflicto que enfrenta a Euskal Herria con España y Francia". Para la banda, ahora corresponde a las autoridades españolas y francesas "responder positivamente a la voluntad mostrada por ETA en los últimos meses".

En su comunicado, la organización terrorista indica que, después de tener como objetivos en la época post-franquista a "cargos franquistas y responsables políticos del régimen", en 1994 abrió la posibilidad de ir "contra los responsables políticos de España" en respuesta al Pacto de Ajuria Enea. Recuerda que en el año 2000, cuando PP y PSOE suscribieron el Pacto Antiterrorista, "ETA decidió ampliar la línea abierta contra los dirigentes de España a todos los electos de los partidos que firmaron ese Pacto". A su juicio, esa decisión "ha influido notablemente en esos partidos", que "han sentido en sus carnes las consecuencias de reivindicar desde sus tribunas la opresión de Euskal Herria".

ETA considera que "los cambios" producidos en los últimos tiempos en el panorama político han traído consigo "una situación nueva", aunque opina que "en Euskal Herria" se mantiene "el estado de excepción creado a la sombra del Pacto Antiterrorista". Según señala, se produce "conculcación de los derechos democráticos fundamentales: la ilegalización de organismos y partidos políticos, los secuestros de sus miembros, la ilegalización de las listas electorales independentistas, el cierre de sedes, el reforzamiento de la dispersión y el aislamiento, la tortura, la ocupación de las calles...".

La banda insiste en que el Pacto entre PSOE y PP "ha fallado" en sus objetivos políticos, por lo que considera que el Gobierno socialista "debería alejarse" de "las cenizas del Pacto". A su juicio, "aprendiendo del pasado, ahora tiene la oportunidad de no repetir este ciclo de opresión". La organización terrorista también insta a la ciudadanía a "extender la dinámica a favor de los derechos democráticos" y a que exprese una postura favorable a una "solución justa y democrática del conflicto", para lo que cree necesario el "fortalecimiento de la presión popular".

El Gobierno exige el abandono definitivo de la violencia

La primera reacción del Gobierno tras conocerse el comunicado de ETA ha sido remitirse a las palabras del pasado viernes de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, que manifestaba que la única declaración que espera el Ejecutivo de la banda es que anuncie el cese definitivo de la violencia.

La organización terrorista difundió hace dos días otra nota en la que mostraba su voluntad de abrir un proceso democrático y ofrecía al Gobierno la posibilidad de diálogo, pero en ningún momento mencionaba el abandono de las armas, la condición que exige el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para abrir cualquier negociación.

El Congreso de los Diputados aprobó el 17 de mayo, al término del debate del estado de la nación, una resolución en la que autorizaba al Gobierno a negociar con ETA siempre que los terroristas abandonaran antes las armas. El PP, único grupo que no apoyó esta propuesta, presentada por el grupo socialista, ha reiterado desde entonces su oposición a cualquier diálogo con ETA y así se lo ha expresado al Ejecutivo tanto en el Congreso como en la calle, donde se manifestó hace dos semanas en Madrid junto a la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT). El Gobierno siempre ha negado contactos con el entorno de ETA y ha defendido que antes de abrir una hipotética negociación, los terroristas tienen que entregar las armas.

En medio de este clima de constantes rumores en torno a una tregua, los terroristas no han aparcado su actividad criminal. El último atentado tuvo lugar la pasada semana en el aeropuerto de Zaragoza, objeto de un ataque con lanzagranadas que no causó víctimas ni daños materiales. Días antes el objetivo fue una zona industrial del barrio madrileño de San Blas, donde ETA hizo explosionar una furgoneta con una mochila con explosivos en su interior. El estallido causó varios heridos de carácter leve y daños en la fachada de una empresa. Ese atentado coincidió con la declaración del portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, ante la Audiencia Nacional por su presunta integración en ETA.