La Guardia Civil de Asturias dice que no detectó la trama de explosivos en 2003 porque no existía

El actual jefe de la Guardia Civil en Asturias y aquel al que sucedió la pasada primavera han comparecido esta mañana ante la comisión parlamentaria que investiga los atentados del 11 de marzo en Madrid. Ambos han coincidido en que se investigó el chivatazo de dos confidentes que denunciaban una supuesta trama para vender de forma ilegal 150 kilogramos de explosivos en 2003 en Asturias. No se llegó en cualquier caso a buen puerto, por lo que ambos coinciden en creer que esa trama no existía, sino que era una venganza de los chivatos contra los acusados, Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras. Estos dos individuos están en la cárcel por haber presuntamente facilitado los explosivos a los autores de la masacre. En cualquier caso, han admitido que no se comunicó oficialmente la investigación a la Fiscalía, y han apuntado que pudo producirse cierta descoordinación entre los mandos policiales.

Hoy debían comparecer ante los parlamentarios de la comisión los máximos responsables de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Asturias, y el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad autónoma. Sus declaraciones debían servir para aclarar hasta qué punto se investigaron las pistas sobre una posible trama de venta ilegal de explosivos, y por qué no se llegó hasta el final, lo que quizá hubiera podido evitar que los autores de los atentados del 11 de marzo en Madrid consiguieran sin excesivos problemas los explosivos con los que realizaron el ataque.

Por la mañana, han declarado el teniente coronel Fernando Aldea Juan, jefe de Comandancia de la Guardia Civil en Asturias, y el general Pedro Laguna Palacios, que ocupó ese cargo hasta la pasada primavera; ahora es jefe de Zona de la Guardia Civil en Castilla y León. Por la tarde era el turno de Juan Carretero, jefe superior de la Policía en Asturias, y del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Asturias; sin embargo, esta última comparecencia ha sido aplazada al 25 de octubre.

Fernando Aldea Juan. El actual responsable de la Guardia Civil en Asturias ha explicado que el 10 de febrero de 2003 un preso de la cárcel de Villabona identificado como J. I. F. D. pero nombrado por su alias, Nayo, les comunicó que unos tipos tenían explosivos, drogas y armas. Se estaba refiriendo a Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras, en prisión por haber proporcionado presuntamente los explosivos a los autores del 11-M.

Sin embargo, el informe de la Unidad Central Operativa está fechado el 27 de ese mes, y Aldea Juan afirma no haberlo recibido hasta la tarde de ese mismo día. El informe denuncia la posible existencia de una supuesta trama para vender en el mercado negro 150 kilogramos de explosivos, una información obtenida del confidente Rafá Zouhier —en prisión por haber colaborado presuntamente en el acto terrorista—.

Juan Aldea ha afirmado ante la comisión que se investigó esta supuesta trama sin llegar a ninguna conclusión, lo que llevó a la Guardia Civil a concluir que "no existía", y que la denuncia de Nayo sólo pretendía "complicarle" la vida a las dos personas a las que acusaba, Toro y Trashorras, en venganza porque éstos le habían delatado y habían provocado así su detención en 2001 por tráfico de drogas.

El mando policial ha señalado además que comunicó el resultado de sus pesquisas a miembros de la Fiscalía de Avilés a principios de 2003 en una reunión "informal". En concreto, uno de sus subordinados, el capitán jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la comandancia de Oviedo, acudió a la Fiscalía de Avilés y habló sobre ello con varios de sus miembros a una cafetería. Éstos le indicaron que no había indicios suficientes para iniciar actuaciones judiciales como la intervención de teléfonos.

Pedro Laguna Palacios. El jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Asturias hasta la pasada primavera ha admitido hoy que pudo haber cierta "descoordinación" entre los mandos de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la investigación de esta supuesta trama, a lo que habría que sumar la "falta de apoyo" por parte de los confidentes que hicieron saltar la liebre. Laguna Palacios ha confirmado lo dicho por Juan Aldea: tuvo noticia de la supuesta trama en 2003 a partir de las acusaciones de Nayo contra Toro y Trashorras.

Convocó entonces una reunión con los mandos asturianos, y el jefe de Gijón le dijo que conocía a esos dos tipos; al parecer, ya se les había pillado con 16 kilogramos de dinamita en 2001; además, le fue comunicado que Trashorras era confidente de la Policía. Contra ellos se realizó otra operación, que no dio resultado al parecer porque "el confidente estaba quemado".

Poco después se incorporaron a la investigación dos agentes de Madrid, que tenían la misma información pero de otra fuente, Rafá Zouhier, que coincidía con lo dicho por Nayo. A finales de febrero estaba listo el informe conocido ayer por la comisión, en el que se hablaba de la supuesta trama para vender 150 kilos de explosivos. A cambio de un millón de pesetas —6.000 euros— o de cocaína.

Se hicieron entonces "muchas investigaciones, vigilancias y seguimientos", pero el caso no llegó a pasar al orbe judicial entre otras cosas porque no se remitió el informe correspondiente a la Fiscalía, y sólo se produjo la citada reunión "informal". Tampoco se contactó con la policía, pese a conocerse que Trashorras era confidente suyo, ni se habló con el mando de la Unidad Central Operativa Félix Hernando, para quién actuaba también como chivato.

"Cuando un confidente te dice algo, debes comprobar si es verdad", ha afirmado Laguna Palacios, que además ha denunciado la "falta de apoyo" de los chivatos, "dos delincuentes habituales" que ni siquiera firmaron su declaración. Su conclusión en cualquier caso coincide con la de Aldea Juan: Toro y Trashorras no tenían en 2003 los explosivos. Además, tiene la "intuición" de que, de haberlos tenido, no serían los mismos que luego se usaron en los atentados; éstos debieron robarse después, pues en su opinión no habrían podido esconderlos durante tanto tiempo.

Así pues, no puede a su juicio hablarse de negligencia ni de ineficacia, aunque sí de descoordinación entre los mandos policiales y de falta de apoyo por parte de los confidentes. [El interrogatorio a Laguna ha tenido que acortarse pues el compareciente ha dicho que padecía vértigos].