Atutxa mantiene en el Tribunal Superior vasco que no puede disolver Batasuna

El presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa (PNV); su vicepresidente primero, Gorka Knörr (EA); y la secretaria segunda, Kontxi Bilbao (IU),han declarado hoy durante casi 12 horas ante la juez del Tribunal Superior vasco Nekane Bolado, instructora de la causa de desobediencia en la que están imputados los tres por negarse a disolver el grupo parlamentario de la ilegalizada Batasuna. Todos ellos volvieron a sostener en sus declaraciones que carecen de atribuciones para disolver el grupo de Sozialista Abertzaleak.

Al término de las tres declaraciones, cerca de las diez de la noche, Atutxa mostró en nombre de los tres su "perplejidad" y "asombro, que se han incrementado" por la causa contra ellos, abierta por sendas querellas de la Fiscalía y el colectivo Manos Limpias. Criticó la "escasísima consistencia" de las preguntas que se les hicieron y, en particular, "el desconocimiento" de la letrada de Manos Limpias, Antonia Mateo.

El presidente del Parlamento reiteró la "voluntad plena" de los tres imputados de seguir colabornado con la justicia y agregó: "Si se hace justicia, se procederá al archivo de esta causa, que nunca debió ser abierta".

Unas 500 personas, entre ellos cargos públicos y dirigentes del PNV, saludaron su salida con gritos de "independencia" y el canto, por tercera vez en la jornada, del Eusko Gudariak (Himno del soldado vasco), que Atutxa acompañó. Desde antes de las diez de la mañana, cuando Atutxa estaba citado, varios cientos de militantes y dirigentes nacionalistas, fundamentalmente del PNV, y algún representante de EA y de IU, les habían estado arropando.

Los tres imputados repitieron a las preguntas de Atutxa y Knörr expresaron al salir su confianza en que no serán procesados, mientras que Bilbao seguía dentro de la sede del Tribunal Superior vasco a las 21.15. "No tenemos ninguna duda de que si hay justicia habrá un archivo de la causa", dijo Knörr. Respaldados por la presencia en la calle todo el día (Atutxa, el primero en declarar, estaba citado a las diez de la mañana) de los tres se sometieron a las preguntas de la juez Bolado; la fiscal jefe del Superior, Mariangeles Montes, y la abogada de Manos Limpias que carecen de competencias reglamentarias y legales para disolver un grupo del Parlamento vasco.Los tres querían abandonar el Palacio de Justicia juntos, tal y como habían llegado.

Knörr se declaró sorprendido por las preguntas y planteamientos de fiscalía y acusación, que calificó de "muy débiles" y tachó de "verdadero papelón" el de la fiscal para casar su actuación con un informe del fiscal general, Jesús Cardenal, que estableció la separación entre partido político y grupo parlamentario.

Este argumento fue usado también en su declaración por Atutxa, quien dijo: "Esto [la diferencia entre partido y grupo parlamentario] no es una invención mía, así esta recogido en ese informe del Fiscal General del Estado". Por la noche, Atutxa destacó el "complicado" papel que tuvo que jugar la fiscal en las declaraciones.

Los tres imputados, aleccionados por su defensor, miembro de los servicios jurídicos del Parlamento, se remitieron múltiples veces a la "documentación aportada" la víspera en la causa para soslayar las preguntas más comprometidas.

La fiscal se centró en los aspectos más reglamentarios de las decisiones de la Mesa y de la Junta de Portavoces y en la suficiencia o no del artículo 20.3 del reglamento de la Cámara para disolver el grupo, tal y como ordenaba el Tribunal Tribunal Supremo. Dicho artículo establece que un parlamentario vasco que deja su grupo pasa directamente al mixto.

Atutxa explicó su convicción de que lo mejor hubiera sido modiciar el reglamento. Optó por la vía de la resolución de la Presidencia para reformar el reglamento, luego frenada por su mismo partido y por EA en la Junta de Portavoces. Un sistema, recordó, que fue usado con anterioridad en el Parlamento navarro, sin que nadie lo impugnase. Tanto Atutxa como Knörr señalaron que fue el vicepresidente segundo y representante del PSE en la Mesa, Manuel Huertas, quien la propuso, al entender, como PNV, EA e IU, que había un vacío reglamentario.

La abogada de Manos Limpias preguntó directamente a los imputados si acatan la Constitución, si se someten al Estado de Derecho y si creen en los principios de jerarquía y seguridad jurídica (esta última no fue admitida por la instructora), entre otras cuestiones, sin descender a los detalles de las decisiones tomadas ni de los razonamientos jurídicos en los que los han basado.

Atutxa, Knörr y Bilbao recorrieron a pie a su llegada un trayecto de cien metros, seguidos de los concentrados en su apoyo, que entonaban el Eusko Gudariak (himno del soldado vasco), antes de entrar al Palacio de Justicia. Los dos primeros declararon en euskera, lo que hizo necesaria la intervención de intérprete. y dobló prácticamente la duración de sus comparecencias. Atutxa empezó a las 10 de la mañana y terminó a las 14.45, lo que retrasó la declaración de Knörr, prevista para las 11.00, hasta las 15.05. Bilbao no inició su comparecencia hasta casi las seis de la tarde.

El dirigente de EA Rafael Larreina afirmó que el apoyo a los imputados supone "defender la democracia". y respaldar a quienes demuestran "que son fieles a lapalabra deada a loselectores". Antton Karrera, de IU, justificó la manifestación de apoyo en la necesidad de defender al Parlamento del intento de "anular la separación de poderes".

El Gobierno, el PSOE, el Poder Judicial y las asociaciones de jueces y fiscales se pronunciaron también sobre las comparecencias. Para el vicepresidente segundo del Gobierno, Javier Arenas, "el Estado de Derecho, la Constitución, las leyes y las decisiones de los jueces están para que las cumplamos todos los ciudadanos", y agregó que no le sorprendían nada las manifestaciones Arzalluz, "porque nos tiene acostumbrados a proferir todo tipo de barbaridades".

Desde el PSOE, el responsable de estrategia electoral, Alfredo Pérez Rubalcaba, consideró un "espectáculo poco edificante" la comparecencia de Atutxa. "Al PSOE no le gusta nada ver al presidente del Parlamento vasco declarando ante los tribunales", aseguró Rubalcaba, quien indicó que "nos gustaría que esto no se hubiera producido", y recordó que "todos los españoles somos iguales ante la ley, y a los responsables políticos nos toca también acatar las sentencias y cumplirlas".

Para la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la presencia de miembros de la Administración del Estado en la protesta es "un ejemplo de que el respeto a la ley falla desde el principio", como demuestra la acusación que recae sobre los imputados.

Desde la Asociación de Fiscales, su portavoz, Fernando Sobrón, advirtió, de que este tipo de actos no favorece el trabajo de la Administración de Justicia, pero añadió que "los tribunales y las personas que están allí tienen suficiente experiencia para no dejarse impresionar por estos altercados".

De otro lado, la Asociación Progresista de Fiscales se limitó a pedir que la Justicia pueda trabajar "sin ningún tipo de presión" y añadió que este tipo de actos "no deberían producirse".

Mientras que la Asociación Francisco de Vitoria dijo que si el acto consiste en expresar el apoyo a los imputados, prevalece el derecho de manifestación y de libertad de expresión, pero añadió que sería "reprobable" si la intención es presionar al Tribunal Superior del País Vasco, especialmente al tratarse de cargos públicos, miembros de la Administración del Estado.