El Constitucional debate la admisión total del recurso contra el Gobierno vasco

El Pleno del Tribunal Constitucional comenzó a estudiar en la tarde de ayer la impugnación del Gobierno central frente al plan Ibarretxe, sobre la base de una propuesta de admisión a trámite de la totalidad del recurso formulada por el magistrado ponente, Guillermo Jiménez, que de ser admitida implicaría la suspensión del plan por un plazo inicial de cinco meses. La deliberación continuará hoy e incluso podría extenderse a un próximo pleno a celebrar en la tercera semana de diciembre.

Según fuentes del Constitucional, la propuesta de Jiménez se muestra a favor de admitir a trámite la impugnación de los dos acuerdos sometidos a examen, el acuerdo del Gobierno vasco de 25 de octubre de 2003, que aprueba la llamada "Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi" o plan Ibarretxe, y el de la Mesa del Parlamento vasco, de 4 de noviembre de 2003, mediante el que se acuerda su tramitación.

El primero de los acuerdos impugnados, el del Gobierno vasco que aprobó el plan Ibarretxe junto con el oficio de su remisión a la Cámara, es el que mayores dificultades plantea para su admisión a trámite, según fuentes del Constitucional. La declaración de inconstitucionalidad de una "propuesta" del Gobierno vasco plantea la dificultad de considerarla una "resolución" emanada de la comunidad autónoma, que es la que, según el artículo 76 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, puede impugnar el Gobierno.

Además, la declaración de inconstitucionalidad de un proyecto de ley recuerda al desaparecido recurso previo de inconstitucionalidad, que fue suprimido en 1985, precisamente por el abuso que hizo del mismo la entonces oposición conservadora, con el fin de dejar en suspenso normas aprobadas en toda regla por las Cortes cuya entrada en vigor quedaba supeditada a un fallo favorable del Constitucional.

En cambio, según las fuentes consultadas, los magistrados parecen más proclives a admitir la impugnación del acuerdo de la Mesa del Parlamento vasco que cuenta con una veintena de antecedentes de sentencias del Tribunal que resuelven procesos constitucionales contra acuerdos de mesas de Cámaras legislativas.

Algunas de esas sentencias se referían a acuerdos similares al de la Cámara de Vitoria, en los que se ejercitaba el poder de calificación y de admitir o inadmitir a trámite un acuerdo. La fuentes consultadas apuntaron que los acuerdos de tanta trascendencia con el presente nunca se han adoptado por unanimidad de los doce magistrados.