El fiscal pide procesar por prevaricación a los jueces que excarcelaron al 'narco'

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado que se dicte auto de procesamiento contra los tres jueces de la Audiencia Nacional que excarcelaron al presunto narcotraficante Carlos Ruiz El Negro, por un delito de "prevaricación dolosa o alternativamente por prevaricación culposa".

Tras esta solicitud, el juez instructor del Tribunal Supremo, Julián Sánchez Melgar, ha dictado una providencia en la que pide a las partes personadas en el caso que opinen sobre la propuesta del Ministerio Público.

Según el fiscal, los jueces Carlos Cezón, Juan José López Ortega y Carlos Ollero deben ser procesados por prevaricación, es decir, haber dictado una resolución injusta a sabiendas de que lo era, ya sea culposa -que prevé una pena de inhabilitación especial de entre 10 y 20 años- o por imprudencia o ignorancia -que puede ser penada entre 2 y 6 años-.

Fuentes de la Fiscalía han explicado que esta solicitud fue realizada el pasado viernes, día en el que acordó la prisión del psiquiatra Angel Hebrero, y que en la misma el Ministerio Público reitera los argumentos que expuso en el escrito de la querella que presentó contra ellos el 10 de enero, que dio a origen a esta investigación.

Además, en la providencia, el juez instructor otorga un plazo de cinco días al fiscal, a los abogados de las defensas y de las acusaciones para que propongan, si lo desean, la práctica de nuevas pruebas.

Las mismas fuentes han señalado que el fiscal podría también solicitar el procesamiento del psiquiatra de la prisión de Valdemoro (Madrid) por los delitos de cohecho y falsedad.

Imputación del psiquiatra que recomendó la excarcelación

El juez instructor del Supremo ordenó el pasado viernes la prisión eludible con el pago de una fianza de 50.000 euros (8.319.300 pesetas) del psiquiartra que recomendó en su informe la libertad de El Negro, y que hizo efectiva al día siguiente, por lo que abandonó la prisión de Alcalá-Meco en la había permanecido durante la noche.

A esta decisión llegó el juez instructor después de que se practicasen tres registros en un piso y un apartamento del facultativo y éste no pudiese justificar movimientos bancarios por casi seis millones de pesetas. Una denuncia anónima, que investiga el juez, señala que El Negro pagó dos millones de dólares (380 millones de pesetas) por su libertad, dinero supuestamente destinado al psiquiatra y al presidente del tribunal.

Según el auto, el juez acordó esta medida ante "la actitud de completa obstrucción de la investigación" realizada por el psiquiatra, que "no solamente ha facilitado datos engañosos, cambiando continuamente sus declaraciones con rectificaciones continuas, sino obstaculizando el registro, intentando hacer desaparecer los elementos probatorios que se hallaban (intentó arrojar por el servicio determinadas pruebas)".

Además, el juez del Supremo recordó que "la investigación no ha concluido aún, restando todavía elementos necesarios para ser investigados, que pudieran comprometerse por la actitud del imputado".

En este momento, señaló "es evidente que contamos con la declaración personal de un testigo que así lo afirma de forma rotunda -que cobró dinero por el informe-, con elementos comprobados con el escrito recibido por esta instrucción y por el Ministerio Fiscal, que han abierto simplemente una línea de investigación confirmada en muchos de sus extremos".