El Poder Judicial expedienta por falta muy grave a los magistrados que liberaron al 'narco'

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial decidió ayer por unanimidad abrir expediente disciplinario a los magistrados de la Audiencia Nacional Carlos Cezón, Juan José López Ortega y Carlos Ollero, que liberaron al presunto narcotraficante Carlos Ruiz Santamaría, Carlos el Negro, por la 'presunta comisión de una falta muy grave', consistente en 'desatención en el ejercicio de la competencia judicial'. Los vocales han nombrado al presidente de la Sala Civil del Tribunal Supremo, Ignacio Sierra, como instructor del expediente disciplinario.

Los vocales de la comisión disciplinaria Adolfo Prego, Faustino Gutiérrez Alviz, Félix Pantoja, Fernando Salinas y Agustín Azparren entienden que la conducta de los tres magistrados puede encuadrarse dentro del punto 9 del artículo 417 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece como faltas muy graves 'la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales'.

Las faltas muy graves están sancionadas en el mismo texto legal con la suspensión, el traslado forzoso o la separación de la carrera judicial. La pena más leve es la suspensión temporal en las funciones por un periodo de un mes.

Suspensión

Además, la apertura del expediente por falta muy grave deja abierta la posibilidad de suspender a los magistrados en sus funciones de jueces por la vía disciplinaria, sin tener que esperar a que el Supremo admita a trámite la querella por prevaricación presentada por el fiscal general del Estado contra los tres magistrados.

Esta circunstancia está prevista en el artículo 424 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece: 'La Comisión Disciplinaria del Consejo del Poder Judicial, por propia iniciativa, oído el instructor delegado o a propuesta de éste, previa audiencia del juez o magistrado contra el que se dirija el expediente y del Ministerio Fiscal, puede acordar cautelarmente la suspensión provisional del expedientado por un periodo máximo de seis meses, cuando aparezcan indicios racionales de la comisión de una falta muy grave'. Es decir, que el instructor del expediente deberá oír a los interesados y al fiscal -cuya postura está clara tras la presentación de la querella en la que interesaba la suspensión- y acordar lo procedente.

Magistrados del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional han calificado de 'peligrosísimo precedente' el hecho de que la Comisión Disciplinaria del Consejo haya entrado en sancionar la adopción de una resolución jurisdiccional. Ello posibilitará en un futuro que el Ejecutivo promueva expedientes disciplinarios contra todos aquellos jueces cuyas decisiones no les gusten.

Dos de los magistrados consultados destacaron que la apertura del expediente es una excusa para apartar a los tres jueces de la Sección Cuarta de la Audiencia para que no puedan, con sus resoluciones en los casos del entorno de ETA, interferir negativamente en la política antiterrorista del Gobierno.