El Gobierno estudia todos los instrumentos para obligar al País Vasco a pagar el cupo presupuestado

Continúa la polémica en torno a la prórroga del Concierto económico vasco, al tiempo que el Gobierno analiza la respuesta al órdago planteado ayer por el Gobierno vasco en pleno. El ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, ha afirmado que el Gobierno va a estudiar "uno por uno" los intrumentos legales con que cuenta para lograr que el Ejecutivo presidido por Juan José Ibarretxe cumpla con lo establecido en la prórroga del Concierto Económico vasco aprobada por el Congreso y pague al Estado la cantidad presupuestada.

El lehendakari, Juan José Ibarretxe, anunció ayer que la Administración vasca pagará a la Hacienda pública del Estado durante este ejercicio 907,5 millones de euros (151.000 millones de pesetas), en lugar de la estimación de 1.147,9 millones de euros (191.00 millones de pesetas) previstos en los presupuestos generales del Estado.

Ante esta posición, Posada ha subrayado hoy que la legislación se cumplirá "porque la Ley está para ser cumplida" y ha afirmado que el Gobierno "hará todo lo que tenga que hacer para ello". "Tenemos que ver que instrumentos tiene el Gobierno para que se cumpla la Ley y estudiarlos uno por uno, porque la decisión del Gobierno es que la Ley se cumpla", ha reiterado.

La presencia vasca en la UE, "inadmisible"

A su juicio, las declaraciones de Ibarretxe "no ayudan nada a resolver el problema del concierto que, a todos y especialmente a los vascos interesa resolver", sino que "empeoran las cosas".

Asimismo, Posada ha adelantado que el Ejecutivo considera "absolutamente inadmisible" la pretensión del Gobierno vasco de contar con un representante directo en las instituciones de la Unión Europea (UE).

Por su parte, el presidente de la comisión gestora del Partido Socialista de Euskadi (PSE), Ramón Jáuregui, ha mostrado su desacuerdo con la decisión del Gobierno vasco, si bien ha responsabilizado tanto al PNV como al Gobierno central de la actual situación.

Jáuregui ha señalado "el 'lehendakari' no tiene ninguna razón para hacer esto, que no es otra cosa que no cumplir la ley", y ha anunciado que desde su partido, en primer lugar, se va a censurar esta posición y, en segundo lugar, se intentará que el País Vasco contribuya con lo que le corresponde, porque "cumplir la ley es la obligación de todo buen gobernante".

Para tranquilizar a la población vasca, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Jon Imaz, ha asegurado que "no existe en estos momentos ningún vacío legal en materia fiscal y tributaria" por la falta de acuerdo para renovar el Concierto y que el Ejecutivo de Vitoria sigue "empeñado" en resolver este asunto con la Administración central.

"Quiero transmitir un mensaje de tranquilidad a la sociedad vasca, a los empresarios y trabajadores. Hay un escenario de estabilidad y ningún vacío legal, y cumplimos la previsiones de una ley en vigor, como es la ley del Cupo", ha indicado Imaz en una rueda de prensa en San Sebastián.

"La prórroga es legal"

Por su parte, los empresarios vascos no parecen secundar a Ibarretxe. El secretario general de la Confederación Empresarial Vasca (Confebask), José Guillermo Zubia, ha señalado hoy que la prorroga del Concierto vasco decidida por el Gobierno central es legal mientras un tribunal no diga lo contrario, "lo que significa que hay un marco jurídico".

En una entrevista en Radio Euskadi, el dirigente de la patronal vasca ha subrayado que ayer el Gobierno Vasco "en ningún caso dijo que la prórroga será recurrida, pese a la discrepancia", por lo que "hay un paraguas jurídico, independientemente de la forma [en que se decidió la prórroga] y de su legalidad o no" por no ser acordada entra las dos partes.

En cuanto al anuncio del lehendakari de que el Gobierno Vasco no pagará la parte del Cupo no acordada, Zubia ha recordado que esta situación ya se produjo en 1983 y 1987 y que la Ley del Cupo tiene "mecanismos que se acabarán aplicando" para establecer la cantidad que la Administración vasca tiene que aportar al Estado.

No obstante, el secretario general de Confebask ha indicado que "no procede el pago de la cantidad no acordada" entre ambas Administraciones. Zubia ha expresado la preocupación de los empresarios vascos por la "gravedad del enfrentamiento" entre los Gobiernos central y vasco y la "mutua incapacidad para llegar a acuerdos", aunque ha estimado "esperanzador" que ambas partes destacaran ayer su "voluntad negociadora".

En cuanto a la posible resolución del conflicto, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), José Manuel Suárez, ha señalado que el Tribunal Constitucional es el único órgano competente en el caso de que persista el desacuerdo, pero el Alto Tribunal sólo podrá actuar a instancia de alguna de las partes.