Hungría consagra el golpe a sus universidades públicas: “Los académicos todavía están en ‘shock”

Las universidades públicas se han convertido en una rareza en Hungría. Apenas quedan cinco universidades y un colegio universitario públicos, después de que el Gobierno ultraconservador de Viktor Orbán haya transferido la propiedad de una veintena de universidades y centros de enseñanza superior del Estado a fundaciones privadas. En las juntas de esos organismos se sientan ministros, altos cargos y personas afines a Fidesz, el partido de Orbán. En el mes de octubre, todos los patronatos han ofrecido al unísono devolver voluntariamente el 4% de su presupuesto para ayudar al Ejecutivo a controlar la inflación, un movimiento que algunos críticos ven como un golpe más a la autonomía de las universidades.

El camino hacia una suerte de privatización de la enseñanza superior —la propiedad ya no es estatal, pero la principal fuente de financiación sigue siendo el presupuesto público— comenzó en 2019, con el traspaso de la propiedad de la universidad Corvinus de Budapest del Estado a una fundación. El proceso tomó el impulso definitivo en abril de 2021, cuando el cambio de modelo de titularidad de las universidades públicas a fundaciones privadas de gestión de activos de interés público se convirtió en ley, en un movimiento interpretado por algunas voces como un intento de Orbán de controlar la esfera académica y cultural.

El Gobierno de Fidesz, después de reformar las leyes de conflictos de intereses, colocó al frente de las fundaciones que gestionan las universidades a los suyos. Los puestos son vitalicios y tienen el poder de nombrar a sus sucesores. Los patronatos gestionan el patrimonio de las universidades —del que el Estado ha perdido la propiedad y el control directo—, como los 50 activos inmobiliarios y casi 10 millones de participaciones en una farmacéutica de la Universidad de Medicina y Ciencias de la Salud Semmelweis.

Organizaciones que investigan la corrupción denuncian que el partido en el poder se ha garantizado con esta fórmula el control de esos activos, incluso si pierde unas elecciones, como explica Transparencia Internacional Hungría en su Black Book II. Corruption and State Capture in Hungary (Libro Negro II. Corrupción y captura del Estado en Hungría). La Comisión Europea, que el pasado 30 de noviembre propuso congelar 7.500 millones de euros al país por la corrupción y el deterioro del Estado de derecho, ha mostrado su preocupación por este tipo de organismos por el riesgo de corrupción que entraña que diputados y altos cargos del Gobierno, sin responder a normas de conflictos de intereses, gestionen grandes cantidades de dinero público sobre los que el Estado ha perdido el control directo.

Libertad académica

Después de la cruzada de Orbán en 2017 para expulsar del país a la Universidad Centroeuropea (CEU, en sus siglas en inglés), financiada por el filántropo estadounidense de origen húngaro George Soros, y del desmantelamiento en 2019 de la Academia Húngara de las Ciencias (HAS), con la Universidad la cuestión que más temen muchos académicos es el riesgo que el cambio de modelo puede suponer para la libertad académica. Para Gábor Toronyai, profesor en la Universidad Corvinus y líder sindical, el Gobierno “busca colocar a los suyos en posiciones de poder y dar forma a la faceta cultural de la sociedad húngara”. “La autonomía de las universidades se ha perdido”, lamenta el sindicalista a través de Zoom.

Las juntas de las fundaciones también eligen al rector y, como explica por videoconferencia József Pálinkás, que fue ministro de Educación de 2001 a 2002, en el primer Gobierno de Fidesz, profesores y académicos han dejado de ser empleados públicos. “Hay preocupación por el control ideológico”, señala. “Los consejeros pueden despedir sin dar explicaciones”, dice.

“El Gobierno no quería que las universidades tuvieran la fuerza que solían tener, sobre todo cuando se unían para expresar su opinión”, señala Pálinkás, que añade que “los académicos todavía están en shock”. El que fuera también presidente de la Academia de las Ciencias recuerda que cuando él ejercía ese cargo su voz era escuchada cuando hacía una denuncia pública. Ahora, lamenta, el Gobierno “ha arrebatado el prestigio a los académicos”.

El Ejecutivo defiende el cambio de modelo asegurando que el nuevo sistema permite a los centros acceder a más financiación, a un sistema de empleo basado en el rendimiento y a mejores infraestructuras. Entre otros objetivos, busca una mejora de la calidad y de la clasificación de las universidades húngaras en los rankings mundiales, en los que han ido perdiendo puestos (no hay ninguna entre las 500 mejores).

En 2020 el Gobierno forzó el cambio de sistema en la Universidad de Arte dramático y Cine, y la decisión fue fuertemente contestada con protestas estudiantiles y la marcha de profesores, que crearon un centro independiente. Aprendida la lección, ahora son los claustros de las universidades los que toman la decisión de pasar al sistema de fundaciones. Orbán prometió millones de financiación a las universidades y aseguró que invertiría unos 3.600 millones de euros provenientes de fondos europeos. Esos presupuestos redoblados, que incluyen importantes subidas salariales, e incluso para los profesores en edad de jubilación, la posibilidad de cobrar la pensión a la vez que el sueldo íntegro, son incentivos decisivos para el cambio en un país que registra unos de los salarios más bajos del personal docente en Europa.

El Gobierno garantizaba a las universidades que decidiesen dar el paso “un sistema de financiación seguro y predecible, que se basa en convenios marco a 25 años y contratos de financiación de servicios públicos a seis años”. El recorte voluntario del presupuesto del 4%, unos 32 millones de euros, ofrecido por las juntas de las fundaciones, según desveló el semanario Jelen, sin comunicárselo a la dirección de las universidades en algunos casos, “muestra claramente que es un modelo de universidad gestionada por el Gobierno”, señala Pálinkás. También, que la lluvia de dinero no estaba tan garantizada.

István Kenesei, profesor emérito de la Universidad de Szeged, recuerda que “salvo algunas excepciones, todos los claustros han votado a favor del cambio casi por unanimidad”. “Mi universidad fue casi una excepción y los noes perdieron solo por unos pocos votos”, añade. “Además de los incentivos pecuniarios, había otros alicientes, especialmente para los equipos de investigación financiados por proyectos, que daban lugar a normas contables más permisivas”, explica en un intercambio de emails en el que manifiesta su rechazo al nuevo modelo.

De entre las grandes universidades húngaras, solo siguen siendo públicas la Universidad de Tecnología y Economía de Budapest (BME) y la Universidad Eötvös Loránd (ELTE). En los círculos universitarios se dice que el Gobierno les presiona para cambiar de modelo, pero un dirigente académico de la ELTE, que prefiere mantener el anonimato, asegura que en su caso no es así, aunque reconoce que sí hay una negociación con el Ejecutivo. “Hungría debe tener al menos una universidad estatal. Esa es nuestra ambición”, afirma también por videoconferencia.

Según esta fuente, la mayoría de los responsables de las facultades en su universidad no quiere el traspaso a una fundación, pero algunos, sobre todo los de ciencias, creen que el nuevo sistema es mejor. “[Las universidades que han hecho el cambio] reciben más fondos del Gobierno, tienen salarios más altos y tienen normas y condiciones más flexibles para el desarrollo de la universidad”, destaca. En cuanto a los patronatos de las fundaciones, señala que son quienes “ponen las bases para el futuro de la universidad y la cuestión es si están formados por la gente adecuada”. Su universidad prefiere esperar a que pase más tiempo para ver cómo le va a las que han cambiado de modelo, antes de hipotecar su futuro.

Profesores y estudiantes de secundaria, en pie de guerra

Las calles de Budapest llevan ya varios meses agitadas por las protestas masivas de los profesores y alumnos de secundaria que exigen sueldos dignos para los docentes y mejoras en el sistema educativo. Las protestas, las mayores contra el Gobierno de Orbán desde que renovó su mandato en las elecciones de pasado 3 de abril, cobraron un nuevo impulso tras el reciente despido de más de media docena de profesores. 

Los enseñantes peor pagados en el sistema húngaro llegan a cobrar 480 euros al mes netos y tienen limitada por ley la capacidad de hacer huelga y recurren a la desobediencia civil. El nuevo cese de profesores por haber participado en acciones de protesta, que se une a otros ejecutados en octubre, generó a finales del año pasado una reacción en cadena con huelgas en centros escolares y manifestaciones en las calles de la capital. 

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