Razones para una huelga

Hoy y mañana la comunidad universitaria pública madrileña (Personal Docente Investigador, administración (PTGAS) y estudiantado) está convocada a una huelga en defensa de la Universidad pública. Una huelga para detener su degradación después de décadas de infrafinanciación y nulo respeto institucional a la función de la Universidad pública y que, que por ello, es una huelga cargada de razones.

Una degradación institucional que es la base de la ley de educación superior (Lesuc) que está en proyecto: la rebaja de peso institucional del rectorado (por comparación a lo dispuesto en la ley del Estado), el papel renovado del Consejo social como “rectorado paralelo” (que incumple la jurisprudencia constitucional sobre la autonomía universitaria), el rol de la intervención o el intento de que se elimine el papel crítico de la universidad son, entre otros, datos que reflejan que no se quiere una universidad que cumpla su papel en la sociedad.

Una degradación que, en segundo lugar, es económica. Desde los recortes de Esperanza Aguirre de 2008 (que recurrió la UCM, inicialmente en solitario) hasta hoy, la financiación pública se ha reducido.

Cuando no hay un modelo de financiación ni se han incorporado en las transferencias presupuestarias partidas suficientes para mitigar la inflación o los incrementos salariales de la legislación presupuestaria, el resultado es penoso. Cuando no se quiere participar en la definición del modelo del Estado español de financiación y se quiere hacer “a su manera” y cuando se olvida que la financiación es una obligación del Real Decreto de transferencia de competencias universitarias, se está evidenciando que el 1% del PIB en Madrid va a ser una quimera.

Una degradación que, en tercer lugar, afecta al valor de los títulos académicos: el incremento sin fin de universidades, de centros adscritos a universidades públicas, y la vocación de que entren centros extranjeros y de otras comunidades autónomas sin control previo, supone que el título académico de la Universidad pública tiene menos valor.

Y no, cuando se exigen requisitos de calidad, no se quiere atentar contra la libertad de empresa. Es el medio para que el sistema sea bueno en beneficio de todos. Acaso en el Gobierno madrileño deban examinar el objetivo de la universidad privada más importante del mundo, Harvard: calidad docente y de investigación y no la mera obtención de resultados económicos.

Una degradación que, en cuarto lugar, afecta a la investigación. En España se investiga especialmente en las universidades públicas, a las estadísticas me remito. La inversión en ciencia tiene unos réditos económicos y sociales que el Gobierno de Ayuso no entiende y que dificulta la innovación y favorece la fuga de talento.

La resistencia autonómica al programa estatal Maria Goyri para la incorporación de nuevos docentes doctores, la ausencia de recursos para que el profesorado acreditado pueda acceder a estas plazas en un plazo razonable, el rechazo al plan de desarrollo de empresas de transferencia de conocimiento universitario (sufragado en un 70% por el Estado), la ausencia de un plan de investigación regional o la supresión de los complementos salariales al profesorado universitario (vinculado a investigación) son muestras de que el Gobierno autonómico no entiende que la universidad no es una mera, academia docente, sino que es el puntal de la investigación y, con ello, del desarrollo económico y social.

El objetivo final es favorecer al floreciente mercado de plusvalías de las universidades privadas

Y a ello, en quinto lugar, se añaden los problemas específicos de degradación de la UCM: con más de 100 edificios en malas condiciones de mantenimiento, con recortes del 35% en gastos corrientes, endeudada (con un préstamo otorgado por la Comunidad de Madrid, que es la que no transfiere suficientes recursos económicos), con una bolsa de acreditados inmensa, con problemas de gestión de la investigación. Paradójicamente, es la universidad española a la que más se mira desde otros países, siendo la única del mundo que tiene un centro adscrito a la Universidad de Harvard.

Cuando la preocupación del profesorado es la gotera o el frío o el calor, cuando hay que desincentivar el inicio de una carrera profesional universitaria por las condiciones de trabajo, cuando no hay dinero para material docente y de investigación, el cumplimiento de la función universitaria es imposible. Y este es el objetivo final de una política contra la universidad pública para favorecer al floreciente mercado de plusvalías de las universidades privadas.

La defensa de la Universidad pública es responsabilidad de todos, desde el rectorado a los estudiantes

La educación es cara, pero es más cara la ignorancia. Esta frase, atribuida a Robert Bork, exrector de Harvard, refleja el resultado en que termina esta degradación: una sociedad peor formada, con menos talento, con un aparato productivo menos dinámico en la era de la cuarta revolución industrial. En definitiva, una sociedad más pobre.

La defensa de la Universidad pública es responsabilidad de todos, desde el rectorado a los estudiantes, pasando por el profesorado y el personal de administración y gestión. Los rectorados, en especial, ya que tienen un papel de vanguardia en la defensa política, jurídica y social de la universidad pública, como hizo Carlos Berzosa en 2008. También es una obligación de la sociedad madrileña, que tiene que encontrar una Universidad pública, sostenible, accesible y de calidad, donde puedan formarse y recibir los resultados de la investigación.

Y por ello, es importantísimo que todos pongamos voz a estos problemas en la manifestación del próximo jueves 27 de noviembre en Madrid.