CRUE S.A.

Una de las novedades que trae el recién estrenado gobierno de Pedro Sánchez es la creación del nuevo Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, donde se ha vuelto a unificar la ciencia y la universidad en un solo organismo ministerial. Un movimiento, la unificación, que mucha gente del sistema científico y universitario reclamaba desde su misma separación en enero de 2020, con el anterior gobierno de coalición. Sin embargo, quizás nos encontremos con que este ministerio unificado se convierta en el próximo holding de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE).

El primer comunicado que hace la CRUE ante dicha noticia es que “celebra la unificación […] y urge al nuevo gobierno a dotar a la Universidad de una financiación adecuada”. En el comunicado indica que hay unas “necesidades urgentes” que deben ser atendidas como “acciones inaplazables para impulsar la Universidad”. Entre ellas, la primera de todas, está la de “asegurar una financiación adecuada. estable y plurianual”. Y no aparece nada, absolutamente nada, acerca de sus compromisos con su personal docente e investigador, sobre todo con el que se ha vinculado laboralmente a través de un sistema de contratación fraudulenta bajo su excusa constante de la crisis económica, especialmente con el personal de investigación, en formación o no, y con el profesorado asociado.

Quizás nos encontremos con que este ministerio unificado se convierta en el próximo holding de la CRUE

En las universidades públicas españolas se contrata personal investigador con más de 10 años de experiencia “postdoc” ―esto es, personal que leyó su tesis doctoral hace más de 10 años y que tiene esos años de experiencia en investigación― con contratos en prácticas. Sic. O se dan situaciones en la que una o un científico logra una gran ayuda económica para investigar, cuyo dinero se incorpora a la gestión universitaria, pero no quieren saber nada de contratación, como ha sucedido recientemente en la Universidad de Barcelona, en la que le pidieron al investigador que firmara un documento donde renunciaba a una futura vinculación laboral con dicha universidad.

O las universidades de la Comunidad Valenciana, que parece que están contratando a la nueva figura de la LOSU (Ley Orgánica 2/23, de 22 de marzo, del Sistema Universitario), el profesorado sustituto, con contratos similares al del profesorado asociado ―a quien parece que sustituyen como profesorado precario―, cuando la LOSU dice expresamente que sustituyen a personal docente e investigador con derecho a “reserva de puesto de trabajo”. Pero que las universidades españolas se salten las leyes universitarias, en particular, y las laborales, en general, es una cuestión que llevamos denunciando hace bastantes años y que no debería extrañar ya a nadie, sobre todo, a la inspección de trabajo. A quien corresponda: la contratación de profesorado asociado en los últimos 10 años ha sobrepasado exageradamente las plazas correspondientes a la relación de los puestos de trabajo (RPT), una obligación a la que deben ajustarse las universidades como administración pública que son.

Para comprender un poco el contexto de todas estas decisiones universitarias de repulsión por la contratación de su personal, quizás haya que aproximarse al rol económico que juega tanto la investigación como la enseñanza superior en las sociedades occidentales actuales. Por ejemplo, según un informe de la nada sospechosa ―o sí― Fundación CYD (Conocimiento y Desarrollo), cuya presidenta es Ana Botín, en España, en los últimos 20 años, se ha duplicado el número de egresados; y, para un periodo similar, se han triplicado las universidades privadas. Las universidades españolas también ejecutan gasto en I+D; en concreto, en 2021, un 26,6% del gasto en I+D interno en relación con el PIB (Producto Interior Bruto), según el INE (Instituto Nacional de Estadística). Y según la misma fuente: “El gasto en I+D aumentó un 9,2% respecto al año anterior en Enseñanza Superior.”

Aunque aún logran mantener cierta aureola filantrópica y de servicio público, para comprender su rol real, el económico, hemos de ser capaces de observar a las universidades como empresas y a la CRUE como su lobby, como una auténtica patronal de la I+D y de la enseñanza superior. Y como todos los buenos negocios actuales ―piénsese en Amazon o en Globo―, su éxito se asienta en la precarización de buena parte de sus trabajadores y trabajadoras. Mientras la CRUE lanza un primer mensaje al nuevo Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en el que le urge a una financiación adecuada ―esto es, estable y plurianual―, sus miembros, las universidades públicas españolas, se muestran horrorizadas en ofrecer buenos salarios y estabilidad ―planes de vida― a su personal.

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