Democracia y educación: en el centro de las transiciones en Iberoamérica

Argentina está conmemorando 40 años de democracia. Chile, inmersa en su segundo proceso constitucional, celebra también la democracia, recordando el golpe militar de hace 50 años. En los próximos años, lo harán El Salvador, Brasil, Uruguay y Guatemala. Un camino recorrido no hace mucho por Portugal, España y Ecuador, entre otros. Durante estos 50 años en Iberoamérica la tradicional dicotomía dictadura-democracia ha dado paso a un debate centrado en la calidad de esta última, en el funcionamiento de las instituciones, su rendimiento y su capacidad de hacer realidad la promesa del desarrollo económico y social. El sujeto político del debate ya no son las dictaduras, sino la democracia.

Una consolidación democrática a la que no es ajena la universalización de la educación. La existencia de dictaduras se producía en sociedades con altas tasas de analfabetismo, limitado acceso a la educación en todos sus niveles y con sistemas educativos que solo aseguraban inequidad, falta de calidad y exclusión. Una realidad que hoy ha cambiado, no tanto como quisiéramos, pero que es manifiestamente mejor: el analfabetismo ya es solo un factor residual, la cobertura en educación básica se ha universalizado y, entre otros aspectos más, somos la región del mundo con mayor crecimiento de la matrícula en educación superior.

Este escenario de continuidad democrática, ya normalizado, es inédito; como también lo son los desafíos a los que se enfrenta hoy la región. Iberoamérica no escapa a los grandes acontecimientos y a las profundas transformaciones que se están llevando a cabo a nivel mundial. La pandemia de la covid 19 tuvo un gran impacto en la región, del que aún no se ha recuperado; la contracción económica del PIB supuso la mayor caída anual en los 100 años de registros estadísticos de la región, como informa la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2021), lo que se tradujo en un alarmante incremento de la población en situación de pobreza y de pobreza extrema; entre 2019 y 2021, son casi 290 millones de personas las que están en una u otra de estas situaciones. El impacto social fue diferenciado entre los distintos grupos poblacionales: las mujeres y los niños, niñas y jóvenes más vulnerables se vieron particularmente golpeados, particularmente, en términos de acceso a la educación.

Asimismo, la invasión rusa a Ucrania ha complicado un escenario, ya de por sí complejo, debido al golpe que ha supuesto, sobre todo indirecto, en las economías de la región: la inestabilidad financiera, el incremento de la presión inflacionaria o la gran dependencia de algunos países de ciertos productos rusos, como los cereales o los fertilizantes, son algunos ejemplos.

En el proceso de transición energética, América Latina tiene una irrefutable importancia geoestratégica

Todos estos acontecimientos se enmarcan en un contexto de transformación derivado de la revolución digital en marcha que avanza a un ritmo vertiginoso y de la inaplazable y urgente transición ecológica/energética de nuestras economías. Este escenario plantea enormes desafíos para Iberoamérica en un momento en el que las democracias evidencian cierta fatiga fruto de la crisis económica, institucional y, en algunos países, política. Ahora bien, desde la OEI creemos que existen elementos que permiten vislumbrar oportunidades en el medio y largo plazo.

En el proceso de transición energética, América Latina tiene una irrefutable importancia geoestratégica dada su gran concentración de recursos (solo tres países ―Argentina, Bolivia y Chile― concentran el 56% de los recursos de litio a nivel mundial y se estima que la región tiene la capacidad de producir alrededor del 12% del hidrógeno renovable que será requerido para 2050). A lo que hay que sumar el desarrollo de las energías renovables, cuya producción se ha incrementado en un 50% entre 2008 y 2019.

Por su parte, la digitalización ofrece oportunidades para asegurar un desarrollo sostenible en Iberoamérica. Si bien es cierto que existen grandes brechas que corregir en este campo, los gobiernos están priorizando este tema y a día de hoy gran parte de la región cuenta con agendas digitales en fase de implementación o de actualización, avanzando en este último caso hacia el diseño de agendas sectoriales en áreas productivas estratégicas como las manufacturas y la agricultura.

Pero estas dos transiciones, la ecológica y la digital, deben sustentarse y deben estar acompañadas de la transición justa, que no es una tercera transición, sino el epicentro del desarrollo sostenible. Sin esta última, las probabilidades de que las oportunidades se conviertan amenazas, sobre todo en regiones con grandes retos sociales, crecen exponencialmente.

La transición justa hace referencia a la maximización de los beneficios y a la minimización de los impactos negativos (económicos y sociales) del proceso de cambio en el que estamos insertos. No se trata únicamente de políticas compensatorias; por el contrario, posee un fuerte componente propositivo e integrador de sectores y de grupos a los que se consideran agentes de primer orden. Reforzar el componente social del cambio es fundamental para revigorizar nuestras democracias.

Defendemos que la educación, más y mejor para todos y todas, es el motor que hará posibles estas tres transiciones y que facilitará procesos de integración que aporten fortalezas a la región frente a una economía y desarrollo global, un potencial de cambio y cohesión que ya demostró con las transiciones democráticas que vivimos en los últimos decenios.

Miramos hacia la próxima Cumbre Unión Europea–América Latina y Caribe (UE CELAC) que tendrá lugar a mediados de julio no como un punto de llegada, sino un punto de partida, contagiados por el buen ánimo de ambas regiones para caminar hacia un nuevo marco de relaciones, en el que la promoción de la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos, incluyendo los derechos sociales, económicos y culturales, la no discriminación y la agenda de la igualdad de género, sean protagonistas.

Desde la OEI estamos contribuyendo a definir una nueva agenda común entre Iberoamérica y la Unión Europea, en la que la educación, la ciencia y la cultura sean motores de un cambio inclusivo y que, al igual que ocurrió con la consolidación de las democracias, contribuyan a hacer posibles las nuevas transiciones: verde, justa y digital y que favorezcan procesos de integración que fortalezcan a la región frente a una economía global.

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