El plan vasco contra los guetos escolares recibe el suspenso de las ‘ikastolas’ y los centros religiosos concertados

El nuevo sistema de matriculación que el Gobierno vasco ha establecido para el próximo curso, en el que se incorpora la obligatoriedad de los centros educativos de reservar plazas para alumnos vulnerables, ha abierto una agria polémica en Euskadi. Están enfrentados el Departamento de Educación y las dos grandes patronales de la enseñanza concertada: las ikastolas y los colegios religiosos. La consejería del ramo se reserva la potestad de redistribuir a los matriculados que accederán al sistema educativo –escolares de dos años– para lograr un reparto equilibrado de alumnos necesitados y evitar la segregación escolar. Ya ha ejercido ese derecho. De un total de 11.967 nuevos inscritos, 275 se han visto afectados por esta medida contra la guetización. Estos han sido asignados en un centro que sus padres no eligieron en el momento de tramitar la prematrícula. Las ikastolas concertadas han amenazado con retenerlos. La tensión está servida.

El curso académico 2023/2024 será el primero en el País Vasco que se regirá por una nueva normativa de admisión de alumnos que establece un índice de vulnerabilidad para todos los centros educativos y la reserva de un cupo de plazas para alumnos con necesidades en función de la realidad socioeconómica de la zona en la que está ubicado el colegio. Ese cupo se ha calculado a partir de los cuestionarios que han ido rellenando las familias cuando realizaron la prematrícula. En ese formulario se les preguntaba por el número de miembros de la familia, el nivel de estudios de sus miembros o la ocupación laboral de estos. Lo más discutido del sondeo es que incluía otras cuestiones más chocantes: ¿Tiene televisión de pago (Netflix, HBO o Amazon Prime)? ¿Cuántas enciclopedias, diccionarios o libros de consulta tiene? ¿Cuántos e-books y tablets? ¿Cuántos teléfonos móviles con whatsApp?

Una vez elaborado el denominado mapa de la vulnerabilidad escolar, Educación definió las plazas que cada centro financiado con fondos públicos debía ofrecer a estas familias. Estas fueron las reglas de juego que se acordaron en el pacto educativo apoyado por los agentes implicados en abril del año pasado. Todos quedaron de acuerdo en hacer frente al riesgo de crear guetos en las escuelas y evitar que la población menos favorecida se concentre en los mismos colegios. En esta comunidad hay 524 centros, públicos y concertados, que cuentan con aula de dos años. Llegado el momento de llevar esos nuevos criterios a la práctica, el enfrentamiento es un hecho. Las ikastolas critican en un comunicado la “falta de transparencia” de Educación al definir los índices de vulnerabilidad y denuncian que el traslado de familias a centros que no eligieron “no se está haciendo de forma equilibrada”. Los centros concertados cristianos de Kristau Eskola solicitan que no se deriven alumnos a centros distintos al que desean, porque se han dado casos de familias que optaron por un colegio religioso y se les ha enviado a uno público de otro municipio.

Ikastolen Elkartea ha adoptado una posición mucho más beligerante y advierte que sus centros se negarán a desprenderse de los alumnos que eligieron una ikastola para el curso que viene, lo que les colocaría al margen de lo que dicta la normativa. Kristau Eskola no optará por una decisión tan drástica. El consejero Jokin Bildarratz avisó el pasado viernes en el Parlamento que “con envidos y órdagos no se ayuda a nadie, no se ayuda a ninguna familia”.

Con los datos en la mano, el titular de Educación explicó que el 93,8% de las familias consiguieron matricular a sus hijos en el centro que desean. Otro 3,8% han sido ubicados en alguno de los centros alternativos que indicaron en el formulario. Únicamente, el 2,3% (275 escolares) serán trasladados por la administración a otro colegio porque sus padres “solo pusieron una opción de colegio”.

Lo que está en juego, opina Julen Llanos, responsable de Educación de Comisiones Obreras, es el reparto de alumnos en un momento en que la natalidad está descendiendo y la cifra de matrículas va menguando. “Es una guerra abierta por asegurarse matrículas. Ahí tienen mucho peso las ikastolas y los grandes centros religiosos, mientras que los colegios más modestos están viendo las orejas al lobo”, afirma. El fin último de lograr una distribución equitativa del alumnado vulnerable es algo defendido por todas las partes; el problema se produce cuando se ejecuta ese reparto de alumnos menos favorecidos. Llanos apunta que “los grandes centros concertados ven reducida su capacidad para ampliar su oferta y ganar alumnado, porque están obligados a ofrecer un número de plazas a las familias vulnerables y si no lograr completarlas no pueden asignarlas a otro tipo de alumnos”.

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