La medida contra la segregación escolar que no gusta a las familias catalanas

El proceso acostumbra a repetirse cada año: familias estresadas por la elección de escuela o instituto, y tras la preinscripción y la publicación de la lista de alumnos admitidos, empiezan las reclamaciones. Pero el curso pasado, en Cataluña, se añadió un nuevo tipo de quejas: la falta de plazas en la escuela pública deseada, debido a la reducción de ratios —de 25 a 20— en Infantil3 y a la reserva de plazas para alumnos con necesidades especiales (NESE). “Las familias tienen miedo porque ven que hay menos plazas públicas y menos posibilidades de acceder a una pública, y en cambio hay mucha oferta en la concertada”, apunta Lidón Gasull, directora de Affac, la federación de asociaciones de familias.

La reserva de plazas es una de las medidas principales recogidas por el Pacto contra la Segregación Escolar, rubricado en 2019, con el objetivo de acabar con las escuelas gueto. En concreto, se trata de destinar un número determinado de plazas para los alumnos en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Así, la Administración designa —con previo acuerdo con la familia, si se puede— la escuela donde será matriculado el niño, de manera que teóricamente se reparten estos alumnos de forma equitativa entre los diferentes centros, evitando que se concentren en uno o varios concretos. El propósito final es lograr que cada escuela sea un reflejo de la composición social del barrio en que se encuentra.

La resolución del Departamento de Educación que establece las normas de preinscripción fija, con carácter general, esta reserva en tres para la etapa de Infantil3 (I3): una para alumnos con alguna discapacidad y dos para los que se encuentran en riesgo de pobreza. Pero la cifra, al final, puede variar según el barrio o el municipio y cada Ayuntamiento la fija según su realidad. Barcelona es un buen reflejo de esta disparidad y el número de plazas reservadas oscila desde las 2 o 3 hasta las 11 en un solo grupo de I3, dependiendo de la zona donde se encuentre la escuela.

El motivo de las quejas de las familias radica en que desde el curso pasado hay menos vacantes: ya no se parte de 25 plazas, sino de 20 en la mayoría de los casos (el 91%), una cifra a la que hay que restar las reservadas para alumnos con necesidades especiales y para los hermanos de alumnos actuales. Ello generó hace un año mucho revuelo porque Educación tardó en identificar y cuantificar los alumnos NESE, y lo hizo una vez iniciado el proceso de preinscripción. Entonces, se detectaron 20.851, lo que suponía un 18% de los alumnos. El problema es que Educación previó una reserva para el 10%, así que tuvo que ampliar el volumen de plazas guardadas y familias que ya pensaban que tenían plaza adjudicada en la escuela deseada y al final no pudieron contar con ella.

Desde el Consorcio de Educación de Barcelona admiten un aumento de quejas de las familias por esta mengua de vacantes. “Ha cambiado el panorama. Aquellos centros más demandados han entrado en tensión porque hasta ahora apenas matriculaban a alumnos vulnerables, y las familias ordinarias han notado que las probabilidades para entrar en la escuela deseada han bajado”. Y así lo reflejan las cifras: el curso actual el 91,6% de las familias de Infantil3 entró en el centro marcado como primera opción, cuando el año anterior fue el 94,7%. Y en 1º de ESO también bajó del 91,6% al 89,8%.

Pero también surgieron otro tipo de quejas, ya que algunas de las familias fueron derivadas a centros concertados. “Posiblemente esas familias quieren una pública y no una concertada, seguramente religiosa, y donde les hagan pagar algún tipo de cuota”, apunta Gasull. Desde la Affac critican que la reducción de las ratios no afecte por igual a la concertada. “Tenemos menos plazas públicas, pero una sobreoferta en la concertada, y eso lo que hace es debilitar a la pública”, añade. Y es que, según datos de Educación, mientras el 91% de grupos de las escuelas públicas parten con ratio 20, en la concertada solo lo harán en el 51% de los casos.

De esta forma, los centros privados subvencionados ofrecen más plazas, y a la vez, más seguridad a las familias de que no deberán sufrir tanto para lograr matricular a su hijo. Ello lo saben bien familias de zonas donde la oferta pública se queda corta, como en algunos barrios de Badalona. El año pasado un conjunto de familias se unió en la plataforma Familias sin plaza en Badalona para reclamar más plazas públicas. “Las familias no inscriben a sus hijos donde quieren, sino donde tienen más posibilidades de entrar, y por eso muchas acaban optando por una concertada”, comenta Rafa Segovia, miembro de la plataforma.

“La reserva de plazas limita el derecho de elección, porque a veces las familias vulnerables quieren ir a la escuela más cercana, pero no les dejan y les obligan a ir a otra. El problema es que estas familias no se quejan porque no tienen voz”, lamentan desde La Pepeta, la plataforma que agrupa las asociaciones de familias de Terrassa, una de las ciudades con más segregación escolar y que, junto a Barcelona, fue pionera en la aplicación de la reserva de plazas.

Las que sí protestan son aquellas con más capacidad de organización. Este lunes se acaba el periodo de presentación de solicitudes, pero cuando se publiquen la lista de admitidos en mayo, se espera que las quejas se reproduzcan. Y es que ni medidas con intencionalidad bondadosa, como acabar con la lacra de la segregación escolar, ha logrado apaciguar los procesos de inscripción. “Todo el mundo quiere dar la mejor educación a sus hijos y no quiere ir a una escuela segregada. Las políticas en contra de la segregación se entienden, pero cuando le tocan a uno y supone que su hijo puede quedarse sin plaza, entonces la cosa cambia. No se está consiguiendo que las familias acepten ir a algunos centros estigmatizados. Esto no se arregla a parches. Y la reserva de plazas son un parche más en el sistema”, zanjan desde La Pepeta.

Menos institutos adscritos

Un grupo de familias del barrio del Poblenou vive su propio calvario, pero para acceder al instituto. El Consorcio de Educación de Barcelona está reorganizando la relación entre institutos adscritos a escuelas, hecho que ha comportado que estas familias solo puedan elegir entre dos centros de secundaria, cuando hasta hace poco tenían cinco. “Ninguno de los dos nos gusta, uno es de educación libre y el otro es muy convencional. Pero entonces fuimos a mirar a los concertados y resulta que no hay plazas porque casi todas están reservadas para alumnos vulnerables”, se queja un padre. Las familias piden más institutos públicos para elegir, y a la vez critican los efectos por las políticas contra la segregación escolar. “Nos parecen muy bien estas políticas, pero yo también tengo derecho a elegir el centro de mi hija. Y si quiero ir a un concertado, no me pueden obligar a ir a uno público”.

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